● Tres personas fueron detenidas ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente, al tirar desechos y muebles en un lote baldío al norte de la ciudad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital informa que, alrededor de las 13:00 horas de este día, fueron detectadas tres personas que presuntamente depositaban residuos en una zona de terracería al norte de la ciudad.
Los individuos portaban chalecos que corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) y manifestaron ser trabajadores de dicha dependencia. En el lugar se ubicó una camioneta Ford F-450, modelo 2011, de la cual tiraban los residuos consistentes en maleza, ramas y muebles.
Las tres personas fueron detenidas ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente. Al momento, se realizan las diligencias correspondientes para la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.
Interapas reactivó el pozo Villantigua, con lo que se restablece el suministro de agua por red en las colonias Garita de Jalisco, Colinas del Parque, Residencial del Parque, Loma Dorada, Loma Verde, Viveros, Villas del Pedregal y Villantigua.
Con la reanudación de operaciones de esta fuente de abastecimiento, el servicio comenzará a regularizarse de manera gradual, conforme se recuperen los niveles y la presión en la red de distribución.
Interapas mantendrá el monitoreo del pozo para verificar su correcto funcionamiento. Para reportes o información, las y los usuarios pueden comunicarse a Acuatel, al 444 123 64 00, o consultar las redes sociales oficiales del organismo.
Para dar continuidad a los acuerdos establecidos por el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos durante la primera Feria del Taco Municipal, el regidor Jorge Zavala y la dirección de Comercio Municipal que encabeza el director de Comercio, Ángel de la Vega Pineda, encabezaron una reunión de seguimiento con comerciantes taqueros de la capital, orientada a consolidar su regularización y ordenamiento.
Durante el encuentro, las autoridades municipales y los representantes del gremio revisaron los avances en los esquemas de formalización comercial. De este modo, se refrendó la apertura del Ayuntamiento para otorgar facilidades administrativas que brinden certeza jurídica y mejores condiciones de trabajo a los expendedores de alimentos.
El regidor Jorge Zavala destacó que esta mesa de diálogo sienta bases sólidas de coordinación permanente entre la autoridad y los comerciantes:
“Con este encuentro fijamos la ruta de trabajo conjunta con las y los comerciantes taqueros de la ciudad. Esta actividad no solo representa una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas e icónicas de San Luis Potosí, sino que también constituye el sustento diario de cientos de familias potosinas. El respaldo institucional para regularizar su labor se traducirá en orden, seguridad y beneficios compartidos para toda la ciudadanía”, afirmó.
Por su parte, la Dirección de Comercio reiteró que estos acercamientos permiten dar puntual seguimiento a los compromisos del alcalde Enrique Galindo, promoviendo un comercio regularizado, limpio y respetuoso del entorno urbano, que beneficie tanto a los comerciantes como a los consumidores.
Dando cumplimiento a la visión del alcalde Enrique Galindo Ceballos de acercar herramientas de formación, deporte y bienestar a todas las zonas de la capital, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo sus espacios comunitarios, con la apertura de la clase de karate y de Inglés, informó la directora de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje Pilar Zárate Delgadillo. .
La funcionaria municipal detalló la apertura de dos nuevas disciplinas en el Centro de Desarrollo y Aprendizaje San Ángel, diseñadas para impulsar el desarrollo físico y académico de la niñez y juventud potosina:
Clases de Karate: Dirigidas a alumnos a partir de los 6 años en adelante. Se impartirán los días miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 horas, fomentando la disciplina, la autoconfianza y la activación física.
Clases de Inglés: Diseñadas para estudiantes a partir de los 9 años en adelante. Las sesiones se llevarán a cabo de lunes a miércoles, ofreciendo dos horarios accesibles: de 11:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.
Zárate Delgadillo destacó que estas actividades forman parte de la estrategia permanente impulsada por el alcalde Enrique Galindo para brindar alternativas de crecimiento personal y sano esparcimiento en las colonias.
Las y los interesados en inscribirse o solicitar más detalles pueden acudir directamente a las instalaciones del Centro de Desarrollo y Aprendizaje San Ángel o consultar las vías oficiales del Gobierno de la Capital.
Con el propósito de reconocer la función que desempeñan las instituciones dedicadas a la formación artística y cultural en San Luis Potosí, el diputado Crisógono Pérez López y la maestra Elizabeth Bibiana Guerrero Milán presentaron una iniciativa para declarar el 11 de octubre de cada año como “Día de las Escuelas Estatales de Arte del Estado de San Luis Potosí”.
El legislador señaló que la propuesta busca reconocer públicamente la labor de las Escuelas Estatales de Arte en la formación de las nuevas generaciones, así como las aportaciones de docentes, investigadores, trabajadores y estudiantes de las distintas disciplinas artísticas al desarrollo educativo, cultural y social de la entidad.
Destacó que la educación artística es un componente fundamental de la formación integral, al contribuir al desarrollo de la creatividad, sensibilidad, expresión, disciplina y pensamiento crítico.
En este sentido, indicó que las Escuelas Estatales de Arte representan espacios para que las y los jóvenes desarrollen sus capacidades y encuentren en las distintas expresiones artísticas herramientas para su crecimiento personal, académico y profesional.
La iniciativa también plantea que esta declaratoria contribuiría a visibilizar ante la sociedad la importancia de contar con instituciones educativas sólidas, comprometidas con una formación artística de calidad y con la preservación, promoción y difusión de las expresiones culturales.
Asimismo, se propone que la conmemoración de esta fecha permita realizar anualmente actividades académicas, culturales y artísticas para celebrar y difundir el trabajo de las Escuelas Estatales de Arte.
De igual manera, se busca generar un espacio para reconocer a maestras, maestros, estudiantes, investigadores y trabajadores que se hayan distinguido por sus aportaciones a la educación artística, la cultura y el arte en San Luis Potosí.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado para su análisis.
El diputado Cuauhtli Badillo Moreno presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para establecer el tipo penal de ecocidio, ya que su ausencia deja al ambiente en una posición vulnerable para la explotación y negocio de compañías que llevan a cabo la explotación que ocasionará tarde o temprano la pérdida de la riqueza biológica.
El ecocidio destaca por ser un delito pluriofensivo, ya que “provoca daño sustancial y grave a la calidad del aire, suelo, agua, animales, plantas, o a sus funciones ecológicas; provoca muerte, enfermedades permanentes o incurables para una población; también puede impedir el disfrute de tierras, territorios o recursos”. Asimismo, detona otros ilícitos graves, tales como el desplazamiento humano como ocurre con comunidades, y crímenes contra personas defensoras del medio ambiente.
La incorporación del ecocidio en los ordenamientos estatales en México no es una mera pretensión teórica, sino un proceso legislativo en consolidación. Diversas entidades federativas han asumido su corresponsabilidad constitucional en la protección del entorno, estableciendo la figura del ecocidio en sus marcos punitivos para atender afectaciones que impactan de manera directa la competencia estatal y municipal.
El diputado Badillo Moreno señaló que la reforma propuesta quedaría de la siguiente manera:
Artículo 295 Bis.- Comete el delito de ecocidio quien de manera dolosa provoque un dañograve, sustancial o irreparable al ambiente o a los ecosistemas, mediante la emisión decontaminantes, la realización de actividades de alto riesgo o la afectación de los recursosnaturales en el territorio del Estado.
A quien cometa el delito de ecocidio se le impondrá una pena de seis a catorce años de prisión y una multa de cinco mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión de la conducta, cuando se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis:
I.- Provoque la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie igual o mayor a diez hectáreas; II. Provoque una afectación a un ecosistema cuyos impactos negativos alteren sustancialmente sus funciones ecológicas por un periodo continuo de al menos cuatro meses; III. Cause la degradación, fragmentación o destrucción del hábitat de una especie endémica, amenazada o en peligro de extinción, en términos de la legislación y normatividad ambiental aplicables, de tal magnitud que ponga en riesgo la supervivencia o la viabilidad genético-poblacional de dicha especie; o IV. Cause la contaminación de cuerpos de agua superficial, aguas subterráneas, acuíferos o suelo mediante el vertido, descarga, infiltración o depósito no autorizado de sustancias, residuos o materiales químicos o peligrosos, en volúmenes que superen los límites máximos permisibles establecidos en la regulación ambiental o que alteren de forma permanente o de difícil restauración las condiciones del cuerpo receptor.
Las penas de prisión y multa previstas en este artículo se incrementarán hasta en un tercio cuando el ecocidio se cometa dentro de Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal o municipal, o en zonas de Restauración Ecológica declaradas como tales por la autoridad competente conforme a la legislación de la materia.
Asimismo, las penas previstas se incrementarán hasta en una mitad cuando el delito sea cometido, consentido, tolerado o encubierto por un servidor público en ejercicio o por omisión de sus funciones, a sabiendas de la ilegalidad de la conducta o de la inminencia del daño ambiental y omitiendo actuar conforme a sus deberes legales. En estos casos, se impondrá además la destitución del cargo e inhabilitación de diez a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Independientemente de las sanciones penales y pecuniarias impuestas, las personas físicas o jurídicas responsables de este delito estarán obligadas a la reparación integral del daño ambiental, conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidad ambiental, privilegiando la restitución y restauración del ecosistema afectado.
La diputada Nancy Jeanine García Martínez presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley del Fomento y Desarrollo de la Agroecología y la Producción Orgánica para el Estado de San Luis Potosí.
Señaló que la implementación del ordenamiento no implica, por sí misma, la creación inmediata de nuevas estructuras administrativas ni compromisos presupuestales extraordinarios para el Estado, toda vez que sus disposiciones se orientan principalmente al establecimiento de mecanismos de coordinación institucional, fomento, capacitación, investigación y promoción de políticas públicas que podrán desarrollarse de manera gradual conforme a la disponibilidad presupuestaria de las dependencias competentes y en armonía con los programas, recursos y atribuciones ya existentes.
La iniciativa fue elaborada con el acompañamiento técnico y académico de docentes investigadores adscritos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). En particular, se contó con la participación del doctor Ramón Jarquín Gálvez, adscrito a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, así como del doctor Zoe Arturo Guadiana Alvarado, adscrito a la Facultad de Ingeniería.
Uno de los aspectos fundamentales para plantear la incorporación de un nuevo ordenamiento jurídico al marco normativo estatal consiste en determinar si la materia objeto de regulación corresponde a una competencia exclusiva, concurrente o residual de alguno de los órdenes de gobierno, así como identificar si existe fundamento constitucional expreso o implícito que permita sustentar jurídicamente su expedición.
La crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 evidenció la fragilidad estructural de los sistemas alimentarios contemporáneos, así como la estrecha relación existente entre las crisis alimentarias, económicas, ambientales y de salud pública. Dicho contexto fortaleció la necesidad de impulsar modelos agroalimentarios más resilientes, sostenibles y territorialmente integrados.
La diputada García Martínez añadió que en este contexto, la agroecología representa una alternativa integral para avanzar hacia modelos de producción agrícola sustentables, resilientes y territorialmente equilibrados, mediante la aplicación de principios ecológicos, el fortalecimiento de mercados locales, la conservación de la biodiversidad, la recuperación de saberes tradicionales y el impulso de sistemas alimentarios con mayor soberanía y seguridad alimentaria.
Es necesario establecer un marco jurídico estatal que permita promover, coordinar y fortalecer políticas públicas orientadas al desarrollo de la agroecología y al impulso de sistemas agroalimentarios sustentables, resilientes y socialmente justos en el Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Desarrollo Rural y Forestal, Ecología; y, Medio Ambiente y Desarrollo Económico y Social.
La diputada María Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa que propone reformar la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado, a fin de fortalecer el catálogo de medidas preventivas a cargo de las autoridades estatales y municipales.
Para ello, se propone incorporar la promoción de la cultura de la denuncia de las prácticas discriminatorias, así como el impulso de campañas permanentes de sensibilización dirigidas a la población y a las personas servidoras públicas, orientadas a prevenir la discriminación por condición migratoria y a fomentar el respeto, la empatía y la inclusión de las personas migrantes en la entidad.
Señaló que la movilidad de los migrantes sitúa a estas personas en un estado constante de vulnerabilidad frente a prejuicios, estigmatización y prácticas discriminatorias que obstaculizan su integración social y el goce pleno de sus derechos fundamentales.
Indica que pese a la protección otorgada por el artículo primero constitucional y diversos tratados internacionales, en la vida diaria persisten barreras estructurales e institucionales que restringen el acceso equitativo a los derechos de este grupo poblacional, afectando con mayor severidad a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Esta problemática se agrava por la baja prevalencia de la cultura de la denuncia, provocada en gran medida por el desconocimiento de las vías institucionales de protección o por el temor de las personas migrantes, especialmente en situación irregular, a sufrir represalias, extorsiones o procesos de detención al visibilizar los abusos en su contra; asimismo, se hace necesario plantear explícitamente en la ley el capacitar y sensibilizar de manera permanente a la sociedad y a las personas servidoras públicas en materia de igualdad y no discriminación.
La diputada Robles Chairez señaló que la propuesta tiene como finalidad fortalecer ese catálogo de medidas preventivas mediante dos acciones específicas, como el promover una cultura de denuncia de las prácticas discriminatorias e impulsar campañas permanentes de sensibilización sobre la prevención de la discriminación por condición migratoria, dirigidas tanto a la población como a las personas servidoras públicas.
Con ello, se busca establecer acciones de carácter preventivo que complementen las disposiciones existentes y que permitan generar condiciones sociales más favorables para la inclusión y protección de las personas migrantes, sin duplicar las medidas compensatorias previstas en el artículo 10 de la propia Ley.
El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Luis Fernando Gámez Macías, informó que se suspende la carrera atlética organizada en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE) “Un Legado a la Nación”, programada para este domingo 11 de octubre, ante la negativa del Ayuntamiento de la Capital, que preside Enrique Galindo Ceballos, para otorgar el permiso correspondiente.
El Ayuntamiento de la Capital, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) envío el oficio SSPC/DGPVM/753/X/, en donde se informa: “La Dirección General, congenia con alentar las tradiciones culturales, cívicas entre las personas, sin embargo, en esta ocasión no es posible autorizar y asignar oficiales a la actividad pretendida”.
Ante esta negativa, el presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Luis Fernando Gámez, informó que la carrera atlética se reprogramará para una fecha próxima, y se realizarán las gestiones correspondientes para que se célebre en las instalaciones del parque Tangamanga I del Gobierno del Estado, o en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
La suspensión temporal afecta de manera directa a más de 1,000 participantes inscritos, entre ellos niñas, niños, jóvenes,y familias con mascotas registrados para los trayectos de 3 y 5 kilómetros; así como atletas de alto rendimiento preparados para la justa de 10 kilómetros.
En los próximos dias se informará, a traves del Congreso del Estado y el INPODE, la nueva fecha, horario y sede para la realización de la carrera atlética “Un Legado a la Nación “, con sedes posibles en el Parque Tangamanga I del Gobierno del Estado o en el municipo de Soledad de Graciano Sánchez.
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó dos iniciativas para expedir las Leyes de Amnistía y de Indulto del Estado de San Luis potosí.
Se trata de legislación secundaria en la materia, luego de la aprobación de la reforma a la Constitución Política del Estado para establecer la figura de la amnistía y el indulto, para que ambas figuras sean funcionales y aplicables.
“Avanzamos hace algunos meses en el tema constitucional, ahora el transitorio nos manda a trabajar estas leyes secundarias que podamos tener un marco normativo para la amnistía para el Poder Legislativo; y el indulto para el Poder Ejecutivo, y creo que es justicia social en el que los derechos humanos tienen relevancia”.
Sobre la Ley de Amnistía, el diputado Badillo Moreno puntualizó se trata de una la herramienta del Poder Legislativo para hacer justicia social y saldar deudas históricas con sectores vulnerables. Está dirigida a personas en situación de pobreza o discriminación, campesinos que defendieron sus tierras, mujeres en contextos de violencia o trata, y casos donde el sistema de justicia falló en el debido proceso, priorizando siempre la reparación del daño a las víctimas y excluyendo delitos de alto impacto.
No se concederá la amnistía cuando se trate de los delitos de abuso, o violencia sexual en general contra menores; violación; y los que atenten contra la vida; la libertad; o la integridad personal.
Añadió que la Ley de Amnistía constituye el mecanismo por medio del cual el Estado potosino puede subsanar la deuda histórica causada por la discriminación sistemática de sectores vulnerables, garantizando la aplicación de los principios establecidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Respecto de la iniciativa de Ley de Indulto, indicó que busca reglamentar la facultad constitucional de la persona titular del Poder Ejecutivo para otorgar el indulto a personas sentenciadas por delitos del fuero común.
El indulto es una gracia discrecional que extingue la ejecución de las penas y las medidas de seguridad, pero no constituye un derecho reclamable, sino un mecanismo de justicia excepcional.
Introduce el modelo de Indulto por Gracia para casos extremos de salud, edad avanzada o cuidadores únicos de menores, y el Indulto Necesario como válvula de escape ante violaciones graves a derechos humanos. Asimismo, integra a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en un Consejo Consultivo para asegurar que ningún perdón se traduzca en impunidad.
Sobre la Ley de Indulto, precisó que solo procederá en casos de error judicial comprobado, a propuesta del Ejecutivo estatal y con la creación de una Comisión Multidisciplinaria que analizará cada caso con criterios estrictos y transparentes.
No podrán gozar del beneficio del indulto las personas delincuentes habituales o reincidentes; quienes cuenten con reporte disciplinario de mala conducta o sanción impuesta por las autoridades penitenciarias durante el año anterior a la solicitud; personas que tengan pendiente otro proceso penal, hasta que en este se pronuncie una sentencia ejecutoriada y sea absolutoria, y aquellas personas que, de acuerdo con el dictamen del Comité Técnico, sean consideradas de alto riesgo o cuya peligrosidad no las haga aptas para el beneficio.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y,Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.
