El Congreso del Estado, en conjunto con el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, INPODE, llevará a cabo la Carrera Atlética “Un Legado a la Nación”, con motivo del Bicentenario de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, el próximo 11 de octubre a las 8:00 horas.
Las inscripciones iniciarán este lunes 5 de octubre en las instalaciones del INPODE, ubicadas en Himno Nacional No. 4000, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Dichas inscripciones no tienen costo.
Esta carrera tendrá salida y meta en el Recinto Legislativo, Jardín Hidalgo 19, zona centro. Las categorías serán de 3, 5 y 10 kilómetros, varonil y femenil.
Se premiará a los tres primeros lugares de la categoría de 10 kilómetros: el primer lugar 5 mil pesos; segundo lugar 3 mil pesos y tercer lugar 2 mil pesos.
Para la inscripción se deberá presentar una identificación oficial vigente, y los menores de edad con su CURP.
Para las personas inscritas se entregarán los kits para la carrera, consistentes en la playera oficial el viernes 9 de octubre de 2026 en las instalaciones del edificio Presidente Juárez, del Congreso del Estado, en Vallejo 200, zona centro.
Cualquier información adicional, será atendida en las instalaciones del INPODE en un horario de 9:00 a 18:00 horas, o a los teléfonos 444 1288461 o 444 5052317.
La propuesta busca establecer el concepto de “entorno seguro” entendido como el conjunto de condiciones físicas, emocionales, sociales y digitales que deben prevalecer en los espacios vinculados con la actividad educativa, para garantizar la protección, el respeto, la inclusión, la accesibilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo integral de la comunidad educativa.
La diputada Brisseire Sánchez López afirmó que la educación constituye uno de los principales instrumentos y pilares para el desarrollo integral de las personas y por ello resulta fundamental la propuesta para la construcción de una sociedad democrática, incluyente, respetuosa y solidaria.
Para que el derecho a la educación pueda ejercerse plenamente, no basta con garantizar el acceso y permanencia de las y los estudiantes en los centros escolares; es indispensable que estos espacios sean lugares en los que puedan aprender, convivir y desarrollarse en condiciones de dignidad, respeto, protección y bienestar.
Señaló que las condiciones en las que se desarrolla la vida escolar tienen una incidencia directa en el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las personas educandas, en especial para niñas, niños y adolescentes. La creación de entornos seguros es esencial para prevenir cualquier tipo de violencia, principalmente hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Entorno seguro implica hacer del hogar, la escuela, el trabajo y la calle, un espacio libre de cualquier tipo de violencia; la seguridad dentro de los centros educativos no puede limitarse exclusivamente a la prevención de accidentes o a la existencia de infraestructura adecuada, sino también la prevención, identificación temprana, atención, denuncia y seguimiento de aquellas circunstancias que puedan vulnerar los derechos, la integridad, la dignidad, la salud, el bienestar o el desarrollo integral de las personas educandas.
La incorporación del concepto de “entorno seguro” permitirá fortalecer el marco jurídico estatal en materia educativa y proporcionar a las autoridades educativas una herramienta transversal para orientar políticas, programas y acciones encaminadas a garantizar espacios escolares protectores, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos.
Puntualizó que esta iniciativa encuentra sustento en el reconocimiento constitucional del derecho de toda persona a la educación, así como en los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación, interés superior de niñas, niños y adolescentes y protección integral de sus derechos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis y dictamen correspondiente.
El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, para garantizar recursos suficientes para la infraestructura hidráulica en los municipios.
La propuesta consiste en establecer constitucionalmente, que los ayuntamientos deberán destinar anualmente cuando menos el quince por ciento de su hacienda a la construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
El legislador señaló que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y que hoy uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía en todo el estado es la falta de infraestructura adecuada, redes obsoletas y la falta de tratamiento de aguas.
Explicó que, al elevarlo a rango constitucional, se blinda la inversión y se obliga a las administraciones municipales a priorizar un servicio básico, evitando que los recursos se desvíen a otros rubros no prioritarios.
“Sin agua no hay desarrollo, no hay salud ni bienestar; esta reforma busca que cada municipio, sin importar su tamaño, invierta de manera obligatoria y transparente en lo que más le importa a la gente, el agua potable en sus casas, drenaje digno y tratamiento de aguas”, afirmó.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y Agua para su análisis y dictamen correspondiente.
El diputado Cuauhtli Badillo Moreno señaló que está trabajando con la Secretaría de Educación del Gobierno Federal, para que San Luis Potosí sea sede de uno de los foros “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”.
Señaló que la Secretaría federal ya realizó foros en diversas regiones del país y al ser San Luis Potosí de los primeros estados en regular este tema, con la aprobación reciente de una reforma a la Ley de Educación, podría realizarse el evento donde puedan converger autoridades educativas de diversas entidades del país.
“Es muy importante que podamos platicar con padres de familia, con docentes, con alumnos, con investigadores, con académicos, con todos los sectores involucrados y de los tres niveles, tanto básica, media y superior; me voy a dar la tarea de solicitar al secretario de Educación del gobierno de México que pueda venir a San Luis Potosí, que podamos escuchar a todas y a todos, y que podamos cerrar esa pinza”, expuso.
Manifestó el legislador Cuauhtli Badillo que “es muy importante regular el uso de este tipo de herramientas que nos han sobrepasado en términos de que es la vía de acceso que muchas veces tiene la delincuencia para llegar a personas vulnerables, como lo son los menores, con quienes tenemos la obligación de cuidarlos”.
Dijo que el decreto presidencial que entra en vigor el 3 de noviembre es muy importante y es necesario seguir escuchando a todas las voces, por eso insistirá en que se realice un foro en el estado.
El legislador expuso que la Secretaría de Educación Pública trabaja con las autoridades educativas de todos los estados en un acuerdo nacional sobre las reglas para el acceso y uso de celulares y pantallas en las escuelas. Se trata de una responsabilidad compartida: no solo es lo que ocurre en las escuelas, sino una responsabilidad entre madres y padres de familia, docentes, especialistas, autoridades y también las empresas de tecnología.
El diputado Luis Fernando Gámez Macías se solidarizó con las familias potosinas que han visto vulnerado su patrimonio, movilidad y tranquilidad, tras los recientes eventos climatológicos que han dejado severas anegaciones e inundaciones en distintos puntos clave de la capital.
La lluvia de las últimas horas dejó intransitables varios puntos de la ciudad y colapsó las principales vialidades y algunas colonias, por lo que el legislador dijo que son lamentables las imágenes registradas en pasos inferiores emblemáticos como el de Manuel José Othón, donde la infraestructura vial y de drenaje quedó totalmente rebasada por el agua.
”Ver pasos a desnivel inundados y a familias batallando para llegar a sus trabajos o a sus hogares nos duele y nos ocupa como representantes populares. La frase ‘Bienvenidos a San Luis Capital’ colocada en la infraestructura pública no puede convertirse en un contraste irónico frente a la realidad que vive la ciudadanía en las calles cuando llueve; debe ser un compromiso real de dignidad y seguridad para todos”, aseveró.
El diputado realizó un llamado respetuoso, pero firme e institucional, a las autoridades municipales y al organismo operador para que se prioricen los recursos en obras de infraestructura hidráulica y drenaje profundo que eviten estas afectaciones recurrentes.
”Nuestra postura desde el Poder Legislativo es de absoluta colaboración, pero también de exigencia en favor de la gente. La ciudadanía paga sus impuestos y contribuciones esperando contar con servicios públicos a la altura. Es momento de dejar de lado los paliativos y entrarle de lleno a las soluciones técnicas que protejan a las y los potosinos”, concluyó.
La legisladora María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de esta comisión legislativa, señaló que de acuerdo al Código Penal del Estado, el feminicidio es la privación de la vida de una mujer por razones de género, atendiendo a diversas circunstancias.
Por ello, se busca desagregar dentro de estas circunstancias los vínculos afectivos, sentimentales o de confianza, como parentesco, matrimonio, concubinato, noviazgo, cohabitación, sociedad de convivencia, amistad, del vínculo de subordinación o superioridad; ampliar los antecedentes de violencia a los ámbitos comunitario, institucional, político, digital, mediático y religioso, además de admitir antecedentes no denunciados.
También se incluyen agresiones de cualquier tipo, intimidación, hostigamiento, lesiones, y de violencia política; en la fracción relativa a la exposición del cuerpo de la víctima, se establecen también las modalidades de entierro u ocultamiento, así como lugares privados además de los públicos ya establecidos.
Se establece el estado de indefensión o desprotección real de la víctima, como embarazo, edad, discapacidad, dependencia de cuidados, o consumo de sustancias.
En el dictamen se incluye el que la víctima haya sido reportada como desaparecida u objeto de búsqueda por sus familiares, por particulares o por autoridades, previamente a la localización de su cuerpo o restos.
En cuanto a la penalidad, se mantiene la sanción de cuarenta a sesenta años de prisión, y sanción pecuniaria de cuatro mil a seis mil días del valor de la unidad de medida y actualización.
La legisladora Vázquez Hernández explicó que se establece que la pena por este delito se incrementará hasta en una tercera parte de su mínimo y máximo, cuando: exista pluralidad de sujetos activos en la comisión del delito; el delito se cometa en contextos de trata de personas o explotación sexual en agravio de la víctima, o cuando el delito se cometa en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de parentesco, afectivo o de confianza; además, cuando la víctima sea niña o adolescente.
El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas porciones normativas de los artículos, 82, 116, y 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y locales.
El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que emitió el dictamen, explicó que esta Minuta, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, establece expresamente que quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no deberán tener ni adquirir otra nacionalidad y, se consideran incompatibles con esta obligación el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos inherentes a ciudadanía ante éste y el acogimiento a su protección diplomática.
Recordó que la iniciativa fue presentada por la titular del Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, integra en la regla constitucional para el acceso y permanencia en las titularidades de los poderes ejecutivos federal y locales, orientada a asegurar que quienes las desempeñen mantengan exclusivamente el vínculo jurídico-político mexicano durante su ejercicio.
Con esta reforma, se establece que “para ser Presidente o Presidenta se requiere: ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley, y haber residido en el país al menos durante veinte años.
Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”.
Además, se incluye que “sólo podrá ser gobernador o gobernadora constitucional de un Estado un ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento que no tenga ni adquiera otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley, así como ser nativo o nativa de dicho Estado, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa”.
En sus artículos transitorios, se indica que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobó por mayoría la iniciativa de reforma constitucional que establece restricciones para que personas con una segunda nacionalidad puedan contender por la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Durante su intervención en tribuna, el diputado José Roberto García Castillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura hizo un posicionamiento y, señaló que gobernar México implica responder ante la ciudadanía, cumplir con la Constitución y defender la soberanía nacional.
Explicó que la reforma mantiene el reconocimiento de la doble nacionalidad, pero establece una condición específica para quienes aspiren a ocupar los principales cargos ejecutivos del país. En este sentido, respaldó la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para acceder y ejercer estos cargos.
“Esta reforma conserva el reconocimiento de la doble nacionalidad y establece una condición específica para quienes decidan contender por estos cargos. Su alcance debe explicarse con precisión y responsabilidad”.
García Castillo sostuvo que quienes aspiren a conducir los destinos de la República o de una entidad federativa deben asumir un compromiso pleno con México, debido a que sus responsabilidades involucran decisiones relacionadas con la seguridad, los recursos públicos, el territorio y el bienestar de la población.
Detalló que la minuta planteó modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que quienes cuenten con otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos a la Presidencia, gubernaturas o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Asimismo, señaló que durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir, solicitar o invocar una segunda nacionalidad ante autoridades extranjeras, al considerar que el mandato otorgado por la ciudadanía debe ejercerse con plena responsabilidad frente a México, sus instituciones y sus leyes.
El legislador expresó también su reconocimiento a las comunidades migrantes y destacó el vínculo que mantienen con sus familias y comunidades de origen.
Por último, afirmó que corresponde al Estado mexicano establecer, mediante sus normas constitucionales, los requisitos para quienes busquen encabezar sus instituciones y sostuvo que la reforma forma parte de las decisiones que corresponde adoptar al Constituyente Permanente.
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, recibieron el informe sobre el estado que guarda el proceso de fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025, correspondiente a 113 entes auditables, que fue presentado por el auditor superior del estado Rodrigo Lecourtois López.
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) informó que se practicaron 180 auditorías que se encuentran en etapa de solventación de resultados preliminares, con un monto observado por 1,798 millones 453,379 pesos, dividido entre poderes del estado y municipios y organismos descentralizados.
Dijo que el ayuntamiento de San Luis Potosí tiene observaciones por 450 millones de pesos principalmente en obra pública, al detectarse inconsistencias en la pavimentación de arterias, al no tener el grosor, la calidad de materiales ni especificaciones contratadas y pagadas, de acuerdo a los análisis de campo y de laboratorio que se realizaron. Es el municipio más observado.
Los ayuntamientos con menos observaciones son Tancanhuitz, Villa Juárez, Xilitla, Lagunillas y Coxcatlán; señaló que los entes observados tienen hasta el 1 de diciembre para solventar a fin de que quede lo menos posible y sea sostenible en un juicio posterior, para enfrentar las sanciones que corresponden.
El presidente de la Comisión de Vigilancia,diputado Luis Fernando Gámez Macías señaló que se tomó el acuerdo de hacer un llamado desde la Comisión a las y los titulares de los ayuntamientos, para que respeten la ley, cuiden el recurso público y no lo utilicen en proyectos políticos porque habrá una vigilancia permanente.
Recordó que el 28 de febrero, el Poder Legislativo recibió las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025 de los tres poderes del estado, siete organismos constitucionales autónomos, 59 municipios, 21 organismos operadores de agua municipales, 20 sistemas DIF municipales, 1 Instituto Municipal de Planeación y 1 Instituto Municipal de Vivienda.
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, señaló que en conjunto con la Junta de Coordinación Política, están por definirse los formatos de las comparecencias con funcionarios estatales, con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno.
Expresó que se tiene previsto iniciar con este ejercicio en la segunda quincena de octubre, por lo cual se estará tomando el acuerdo de los funcionarios titulares de las distintas secretarías que estarán convocados, así como los formatos para los planteamientos.
“Todavía no hay definiciones de a qué secretario se le va a llamar, se está planteando que sean temas relevantes, los que le interesen a todas las fuerzas políticas. Hay muy buena voluntad de todas las fuerzas políticas y considero que todavía hay tiempo para resolverlo, en cuanto lo tengamos listo, se los informamos”.
Indicó que el objetivo es compaginar la agenda de las comparecencias, con las demás actividades que se tienen previstas por la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución Política del Estado.
De manera particular, el legislador indicó que entre los temas que considera más relevantes de esta Glosa se encuentran la movilidad, salud y educación, que “me parece que pudieran ser algunos, pero esperaría el acuerdo de la JUCOPO porque creo que es importante escuchar a todas las voces, porque este informe es para todos los ciudadanos y lo relevante es que podamos expresar la idea de cada grupo parlamentario respecto a las dudas o las inquietudes de este informe”.
