La propuesta busca una armonización con la ley general de la materia y representa la fundamentación legal para que el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, adecuen sus protocolos de actuación, garantizando que el paso de una o un menor por un proceso legal,sea un camino hacia la restitución de sus derechos y no una fuente de trauma y desamparo.
Señala que la dinámica social y procesal actuales, evidencian que uno de los escenarios de mayor vulnerabilidad para la infancia y la adolescencia ocurre al interactuar con los sistemas de administración y procuración de justicia, ya sea en calidad de víctimas, testigos o participantes indirectos en procedimientos judiciales.
En su exposición de motivos, la legisladora Castro Castañeda destaca la incorporación explícita de los principios de mínima intervención en juicios y el de no revictimización, que buscan erradicar las prácticas formalistas y burocráticas que, lejos de proteger al menor, prolongan su sufrimiento o le imponen cargas procesales desproporcionadas que alteran su estabilidad emocional y su adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad.
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