
Este Consejo se incorpora al modelo de seguridad ciudadana de San Luis Capital, reconocido a nivel nacional y alineado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la participación de la sociedad organizada en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas en la materia. Se trata de una labor conjunta entre autoridades y ciudadanía que ya opera mediante más de 800 Comités de Seguridad Ciudadana en colonias y comunidades, además de un esquema consolidado en el Centro Histórico, donde la coordinación permanente ha permitido atender las necesidades particulares de este sector.
Enrique Galindo destacó que la Zona Industrial concentra diariamente alrededor de 120 mil trabajadores, usuarios y visitantes, una población equivalente a la del cuarto municipio más grande del estado, por lo que requiere una estrategia específica y acorde con su importancia económica. El Alcalde instruyó mantener un mando operativo permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con elementos y patrullas asignados para fortalecer la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta.
En la integración del Consejo participaron funcionarios del Gobierno de la Capital, corporaciones municipales y estatales, representantes de la Fiscalía General de la República, del Ejército Mexicano, Protección Civil Municipal y Estatal, el Cuerpo de Bomberos, la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, parques industriales y empresas de los sectores automotriz, manufacturero, metalúrgico, petroquímico, logístico y de seguridad patrimonial. Esta amplia representación permitirá compartir información, identificar riesgos y construir soluciones conjuntas para cada sector del corredor industrial.
Mario González Martínez, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, afirmó que el trabajo coordinado permitirá avanzar hacia una Zona Industrial más segura y competitiva. Por su parte, Pablo Díaz del Castillo, director general de Mabe-Leiser, señaló que la seguridad es una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas y usuarios, por lo que reconoció la creación de un espacio permanente para atender problemáticas y dar seguimiento a los acuerdos.
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