La iniciativa busca establecer de manera expresa que la administración y operación del Sistema Penitenciario estatal se realice bajo los principios de respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte, además de contemplar la aplicación de beneficios preliberacionales como medios para procurar la reinserción social.
La legisladora consideró que también es necesario fortalecer la corresponsabilidad entre las instituciones y órganos involucrados en materia penitenciaria, con el objetivo de brindar apoyo para prevenir la reincidencia y coadyuvar con las autoridades jurisdiccionales y administrativas del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sánchez López señaló que el sistema penal tiene una responsabilidad que va más allá de la imposición de una sentencia, ya que debe generar las condiciones necesarias para que las personas sentenciadas puedan reincorporarse a la sociedad de manera efectiva.
En este sentido, destacó la importancia de los beneficios preliberacionales y las sanciones no privativas de la libertad como herramientas para favorecer la reinserción social, además de contribuir a la despresurización del sistema penitenciario.
Explicó que los beneficios preliberacionales constituyen mecanismos legales mediante los cuales una persona privada de la libertad puede obtener su libertad antes de cumplir la totalidad de la pena impuesta, siempre que satisfaga los requisitos establecidos en la legislación aplicable.
Indicó que estos mecanismos buscan reconocer la buena conducta y el cumplimiento de los programas de reinserción durante el periodo de internamiento, al tiempo que permiten generar incentivos para que las personas privadas de su libertad participen activamente en su proceso de reincorporación a la sociedad.
Sánchez López indicó que, el fortalecimiento de estas medidas no solamente puede beneficiar directamente a las personas sentenciadas, sino que también puede generar efectos positivos para el sistema penitenciario y la sociedad, al contribuir a la prevención de la reincidencia y favorecer procesos de reinserción más efectivos.
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