Autor: Tiberio

Para proteger la salud pública y fortalecer la seguridad de las personas que recurren a procedimientos estéticos, la diputada Frinne Azuara Yarzabal presentó una iniciativa para adicionar el artículo 246 Bis y reformar el artículo 247 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, a fin de tipificar y sancionar la usurpación de funciones médicas y la práctica indebida de la cirugía estética.

La legisladora señaló que en San Luis Potosí se ha documentado un incremento en la realización de procedimientos estéticos por personas que carecen de la preparación profesional y del reconocimiento de los colegios médicos especializados. Asimismo, advirtió que algunos centros educativos ofrecen licenciaturas relacionadas con la reconstrucción estética que no otorgan a sus egresados la facultad legal para practicar procedimientos quirúrgicos.

La iniciativa propone imponer penas de tres a ocho años de prisión y multas de 300 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien incurra en el delito de ejercicio ilegal de la profesión en su modalidad de usurpación médica, al realizar actos propios de la cirugía plástica, estética o reconstructiva sin contar con título y cédula profesional de Médico Cirujano, así como con la especialidad médica legalmente reconocida en esa materia.

Además, la propuesta establece que para efectos de este nuevo artículo, se entenderá por actos médicos invasivos aquellos que impliquen la penetración del cuerpo humano mediante instrumentos, agujas, cánulas o cualquier otro medio que represente un riesgo para la salud o la integridad física de las personas.

La diputada Frinne Azuara Yarzabal destacó que para ejercer como cirujano plástico es indispensable contar con el título de Médico Cirujano, haber concluido una residencia en cirugía general, cursar la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, además de mantener vigente la certificación correspondiente.

Indicó que la práctica de cirugías estéticas por personas sin la preparación y acreditación necesarias ha provocado daños irreversibles en la salud de pacientes y ha generado un ambiente de desconfianza hacia los profesionales que sí cumplen con los estándares de formación, certificación y ética médica.

Además tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico estatal para proteger la salud pública, garantizar un ejercicio profesional responsable y seguro, así como armonizar la legislación de San Luis Potosí con las disposiciones nacionales y las reformas aprobadas en otras entidades del país.

La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia; y, Salud y Asistencia Social para su análisis.

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La legisladora indica que el fenómeno del robo de vehículos constituye una de las manifestaciones delictivas de mayor impacto patrimonial y social en San Luis Potosí. 

La reforma busca establecer que en el caso de ser víctima de los delitos de robo de vehículo y robo de vehículo equiparado, una vez que se haya denunciado el ilícito, el cobro por servicios de arrastre y pensión deberá ser exceptuado, ya que con ello se establece el principio de no imputabilidad al propietario y se evita la doble victimización institucional.

En este sentido, la actuación de las autoridades en materia de recuperación, aseguramiento y resguardo de vehículos robados adquiere una relevancia jurídica singular, ya que cuando una unidad es localizada por corporaciones policiales o derivado de investigaciones ministeriales, ésta suele ser asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente, y trasladada a depósitos o corralones vehiculares para su custodia provisional mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. 

Este traslado tiene como finalidad preservar la integridad del vehículo como posible objeto o instrumento del delito, evitar su alteración o desaparición, y garantizar su disponibilidad para efectos probatorios dentro del procedimiento penal.

En estos supuestos, el aseguramiento y resguardo del vehículo no obedecen a una infracción administrativa atribuible al dueño, sino a la comisión de un delito perpetrado por un tercero; por tanto, trasladar a la víctima la carga económica del arrastre y almacenamiento, implica imponerle una consecuencia patrimonial adicional derivada del ilícito sufrido, lo cual se traduce en una afectación desproporcionada a su derecho de propiedad y en una revictimización institucional.

Además, señala que la permanencia de vehículos robados y recuperados en depósitos, también plantea retos operativos y normativos, puesto que los lugares de resguardo suelen albergar no sólo unidades aseguradas por infracciones administrativas, sino también aquellas vinculadas a investigaciones penales, lo que genera saturación, riesgos de deterioro, pérdida de piezas o depreciación acelerada.

Además, la custodia prolongada puede incidir en la responsabilidad patrimonial del Estado, si no se garantiza la conservación adecuada del bien durante el tiempo que permanezca bajo resguardo oficial.

– Las obras avanzan por etapas para mantener la circulación vehicular y dotar a esta importante vialidad de reductores de velocidad completos, que fortalecerán la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas, por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Desde temprana hora, cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas realizan las labores correspondientes, que se desarrollan de manera escalonada para mantener el tránsito vehicular y reducir al mínimo las afectaciones a quienes utilizan diariamente esta importante avenida.

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, los trabajos se llevan a cabo de forma intensiva para avanzar con la mayor rapidez posible y ofrecer una infraestructura que contribuya a una movilidad más segura para peatones, ciclistas y automovilistas.

El Gobierno de la Capital agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estas obras e invita a quienes transitan por la zona a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, ya que la seguridad vial también depende de la participación de todas y todos.

• La Dirección de Turismo Municipal presentó la experiencia “Destino Turístico Inclusivo” durante la InterEx de la Asociación de Ciudades Capitales de México

San Luis Capital participó en la sesión mensual de InterEx (Intercambio de Experiencias Exitosas) de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), donde presentó la ponencia “Destino Turístico Inclusivo”, con el propósito de compartir las estrategias y acciones que han consolidado al municipio como un referente nacional en materia de accesibilidad e inclusión turística.

Durante este espacio de intercambio, la Directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, expuso las políticas públicas, programas y proyectos que impulsa el Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la oferta turística del municipio en condiciones de igualdad y destacó que la inclusión representa una oportunidad para fortalecer la competitividad de los destinos, generar desarrollo económico y ampliar las oportunidades para prestadores de servicios y visitantes.

La participación de San Luis Capital permitió intercambiar experiencias con representantes de otras ciudades capitales del país, promoviendo el análisis de iniciativas que fortalecen la accesibilidad, la innovación y la construcción de entornos más abiertos, participativos e inclusivos, mediante la colaboración entre gobiernos locales.

•​Con el nuevo “Programa Emergente de Distribución de Agua” los usuarios podrán conocer por colonia y calle los días y horarios de abastecimiento con camiones cisterna.

•​La plataforma de consulta ya está disponible desde la aplicación en “InterAPPas Móvil” y en la página oficial interapas.mx.

Como parte de las acciones para mejorar el servicio de suministro de agua a colonias que se abastecen a través de camiones cisterna, INTERAPAS incorpora esta semana el Programa Emergente de Distribución de Agua, una nueva herramienta digital que puede ser consultado desde la aplicación como desde la página oficial.

El programa brindará información real a las colonias que reciben el suministro mediante pipas o que, por alguna contingencia en la infraestructura hidráulica como cuando falla El Realito o algún pozo, requieran este servicio con información que se actualizará de manera permanente para reflejar cualquier ajuste en los recorridos y horarios.

La consulta se puede hacer desde la aplicación “InterAPPas Móvil” y el portal interapas.mx, sólo es necesario entrar a estas plataformas se desplegará una pantalla y se deberá colocar la colonia y calle para que el sistema arroje el día y el rango de tiempo en que habrá una pipa abasteciendo en su zona.

Con esta herramienta, los usuarios podrán planear mejor la recepción del suministro, consultar la programación sin necesidad de realizar llamadas telefónicas o acudir a las oficinas del organismo, y contar con información confiable y actualizada

LA INICIATIVA BUSCA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y GARANTIZAR PROCESOS DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA LIBRES DE PRÁCTICAS QUE REPRODUZCAN O AGRAVEN EL DAÑO SUFRIDO. DIP: ROXANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Explicó que la propuesta define la revictimización como el conjunto de acciones u omisiones, intencionales o no, que reproducen, agravan o prolongan el daño sufrido por una persona que ya ha sido víctima de un delito, de una violación a sus derechos humanos o de una situación de violencia.

La legisladora precisó que este fenómeno puede presentarse cuando las conductas provienen de autoridades, instituciones, medios de comunicación o del entorno social durante los procesos de denuncia, atención, investigación, juzgamiento o difusión de un caso, provocando que la víctima vuelva a experimentar sufrimiento físico, psicológico, emocional, social o simbólico.

La iniciativa señala que la revictimización puede manifestarse mediante prácticas como los tratos indignos, la descalificación o la culpabilización de la víctima, entre otras conductas que afectan su dignidad y obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos.

Además la diputada Roxanna Hernández Ramírez indicó que, la propuesta armoniza el marco jurídico estatal con el principio de victimización secundaria previsto en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, el cual prohíbe que las autoridades impongan mecanismos, medidas o procedimientos que agraven la condición de la víctima, limiten el ejercicio de sus derechos o la expongan a nuevos daños derivados de la actuación institucional.

Explicó que el uso del término revictimización se plantea como un equivalente conceptual al de victimización secundaria, sin modificar el alcance de la legislación general, sino con el propósito de reforzar la obligación del Estado de garantizar procesos de atención y acceso a la justicia libres de prácticas que reproduzcan, prolonguen o profundicen el sufrimiento originalmente causado.

La legisladora destacó que esta adición permitirá cerrar vacíos interpretativos que actualmente posibilitan conductas que afectan nuevamente a las víctimas, además de consolidar un modelo de atención integral, digno y respetuoso, particularmente en beneficio de mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes requieren medidas reforzadas de protección ante contextos de especial vulnerabilidad.

La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia e Igualdad de Género del Congreso del Estado para su análisis.

LA REFORMA AMPLÍA EL CATÁLOGO DE CONDUCTAS QUE DEBERÁN PREVENIRSE Y ATENDERSE, PARTICULARMENTE AQUELLAS RELACIONADAS CON ACTOS DE DISCRIMINACIÓN, ABUSO, EXPLOTACIÓN O AISLAMIENTO.

Las modificaciones aprobadas corresponden a una reforma integral del artículo 11 Bis, con el objetivo de establecer con mayor claridad las obligaciones de las familias y las responsabilidades de quienes mantengan una relación directa con las personas adultas mayores, fortaleciendo así los mecanismos de protección de sus derechos.

La reforma amplía el catálogo de conductas que deberán prevenirse y atenderse, particularmente aquellas relacionadas con actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento o cualquier práctica que tenga como finalidad forzar, presionar o inducir a las personas adultas mayores a realizar actos de mendicidad, trabajos forzados o actividades que atenten contra su dignidad, salud física o bienestar mental.

Asimismo, se establece que constituye una conducta prohibida cualquier acción u omisión que implique riesgo, menoscabo o afectación a la integridad personal, dignidad, ingresos, bienes o patrimonio de las personas adultas mayores, incluyendo el despojo, la retención indebida de recursos, la suplantación de identidad o la celebración de actos jurídicos que vulneren sus derechos.

La reforma dispone que todo acto que configure alguna de estas conductas deberá denunciarse de manera inmediata ante la autoridad competente, a fin de que se activen los mecanismos de protección, investigación y restitución de derechos que correspondan.

Uno de los aspectos centrales de las modificaciones es la prohibición expresa de prácticas que obliguen a las personas adultas mayores a realizar actos de mendicidad, trabajos forzados o cualquier actividad que menoscabe su dignidad, al reconocer que estas conductas constituyen formas de explotación que deben prevenirse y sancionarse.

De igual forma, el Congreso del Estado aprobó una adecuación al artículo 45 de la misma ley para fortalecer el régimen de sanciones, con el propósito de que toda conducta que comprometa la integridad física, psicológica o patrimonial de una persona adulta mayor sea castigada conforme a la legislación aplicable y en proporción a la gravedad de la falta.

– La Dirección de Obras Públicas intensifica los trabajos por instrucción del Alcalde Enrique Galindo para reducir las afectaciones a la circulación y concluir los nuevos lomos de toro que mejorarán la seguridad de peatones y automovilistas.

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno de la Capital mantiene un ritmo intensivo de trabajo en la construcción de los nuevos lomos de toro sobre avenida Chapultepec. Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, las cuadrillas laboran incluso durante la noche para agilizar la obra, disminuir las afectaciones al tránsito y avanzar en una infraestructura que fortalecerá la seguridad vial en esta importante arteria.

Actualmente se concluye la primera etapa de los trabajos para dar paso a la construcción del siguiente tramo, con el objetivo de completar los reductores de velocidad de banqueta a banqueta. Esta intervención permitirá ofrecer un cruce peatonal más seguro para las personas que diariamente se dirigen al Parque Tangamanga y transitan por la zona.

El Gobierno de la Capital reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia para construir vialidades más seguras y funcionales, privilegiando la movilidad de peatones, ciclistas y automovilistas, al tiempo que se procura reducir al mínimo las molestias durante la ejecución de la obra mediante jornadas de trabajo nocturnas.

La Dirección de Obras Públicas agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía mientras continúan las labores e hizo un llamado a respetar la señalización temporal, disminuir la velocidad y conducir con precaución, a fin de proteger la integridad de todas las personas que utilizan esta vialidad.

La diputada María Aranzazu Puente Bustindui presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado que propone la transformación del Registro Estatal de Turismo en un Catálogo Estatal de Turismo, un instrumento moderno, integral y de utilidad pública, que trasciende la simple lista de prestadores para integrar la riqueza completa de los recursos naturales, culturales, sociales y arquitectónicos, organizados conforme a las cuatro zonas turísticas del Estado.

Señaló que “el desarrollo de nuestro Estado no puede limitarse a la inercia administrativa. Es, más bien, una urgencia y una oportunidad de transitar de una visión meramente registral a una visión ampliada, integral y verdaderamente estratégica del turismo. Esta reforma no constituye un cambio cosmético ni un simple ajuste terminológico, representa la cimentación de una base de datos más robusta, dinámica y sistémica, que convertirá a la información y la planeación en las herramientas más eficientes al servicio del desarrollo integral y equilibrado de nuestras cuatro regiones”.

En la exposición de motivos se establece que “el turismo constituye hoy uno de los sectores más dinámicos y estratégicos para el progreso económico y social de San Luis Potosí. Su capacidad para generar empleos dignos, atraer inversión, fortalecer las economías locales y proyectar la identidad cultural de nuestras regiones lo convierte en un motor esencial de bienestar y cohesión social”.

El actual Registro Estatal de Turismo ha cumplido una función administrativa básica, pero su estructura y alcances resultan limitados frente a las exigencias de promoción estratégica, vinculación territorial y articulación productiva que demanda el turismo potosino contemporáneo.

Este Catálogo Estatal de Turismo se concibe como un mecanismo de información sistematizado, accesible y actualizado, que permitirá a la Secretaría de Turismo y a los municipios planificar con base en evidencia sólida, diseñando rutas y productos turísticos coherentes con la vocación de cada región y fortaleciendo la competitividad de nuestros destinos.

La diputada Puente Bustindui consideró que la iniciativa garantiza que la incorporación al Catálogo no generará costo alguno para las personas físicas o morales interesadas, y que sus lineamientos y actualizaciones serán públicos y difundidos mediante el Periódico Oficial del Estado, promoviendo la transparencia, la inclusión y la participación activa de los diversos actores del sector turístico.

El nuevo Catálogo, al constituirse como herramienta estratégica para la promoción, la planeación y la inversión turística, alineará los esfuerzos públicos y privados en torno a la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo regional. Además, fortalecerá la gestión institucional al consolidar una base de datos que facilite la integración de cadenas productivas y redes de valor en cada zona del Estado, impulsando el desarrollo local y la diversificación económica de las comunidades vinculadas a la actividad turística.

Con el propósito de fortalecer la prevención, detección, control y combate de los incendios forestales, así como modernizar el marco jurídico estatal en la materia, el diputado Tomás Zavala González presentó una iniciativa para expedir la Ley de Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales del Estado de San Luis Potosí.

Explicó que la propuesta tiene como objetivo promover y ordenar la participación social, así como la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y la Federación, de acuerdo con los convenios suscritos, para la prevención, detección, control y combate de incendios forestales. Además, busca establecer presupuestos mínimos para la protección del medio ambiente en todas las actividades relacionadas con el uso y manejo del fuego.

Señaló que la iniciativa plantea abrogar la actual Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el Estado de San Luis Potosí, vigente desde 2013, con el fin de dar paso a una legislación acorde con el paradigma del Manejo Integral del Fuego, en armonía con la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023 y con los principios establecidos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El diputado Tomás Zavala González indicó quela legislación vigente ha quedado rebasada por los retos actuales, al mantener un enfoque predominantemente reactivo centrado en el combate de incendios, cuando las condiciones actuales demandan una estrategia basada en la gestión integral del riesgo y la prevención.

Puntualizó que entre los principales ejes de la propuesta destaca la creación de un Sistema Técnico Estatal de Clasificación de Riesgo, sustentado en criterios científicos y técnicos que permitan anticipar y gestionar los riesgos antes de que se presenten incendios forestales de gran magnitud.

Asimismo, se plantea la clarificación y modernización de las atribuciones de las autoridades competentes, definiendo a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) como la autoridad rectora en materia de manejo del fuego, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) ejercerá las funciones correspondientes al sector agropecuario, con el propósito de evitar duplicidad de competencias y fortalecer la coordinación institucional.

Dijo que la iniciativa también incorpora una regulación técnica para el uso del fuego, diferenciando entre quemas controladas y quemas prescritas. Para ello, establece la obligación de presentar planes de trabajo y operativos, la certificación del personal responsable y la creación de un Calendario Estatal de Quemas de observancia obligatoria, con el propósito de convertir el uso del fuego en una herramienta técnica, segura y ambientalmente responsable.

Otro de los aspectos relevantes consiste en fortalecer la participación social mediante la consolidación del Comité Técnico de Incendios Forestales como el órgano colegiado de máxima autoridad técnica, integrado por representantes de los distintos órdenes de gobierno, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y productores, favoreciendo una política pública con mayor respaldo técnico y social.

Para concluir, indicó que la propuesta establece un régimen de sanciones más estricto, al sustituir el esquema vigente de multas por un catálogo de infracciones clasificadas en leves, graves y muy graves, con sanciones económicas de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), la revocación definitiva de permisos y la obligación de reparar integralmente el daño ambiental ocasionado.