Interapas realizó durante varios días trabajos para conectar distintas calles de la colonia Pedroza a la red de agua potable de 6 pulgadas sobre Prolongación Moctezuma, con el objetivo de mejorar la distribución y el suministro para las familias de la zona.
Los trabajos abarcaron desde la calle Lirio hasta Cruz Colorada, donde se instalaron nuevos puntos de conexión en las calles Lirio, Begonia, Alcatraz y Margarita y se renovaron cruce de redes en Cruz Colorada y Prolongación Moctezuma.
Con estas acciones se busca mejorar la presión y distribución del agua potable en la zona y reducir la necesidad de llevar agua mediante pipas a las calles que requerían este apoyo.
Interapas mantiene este tipo de trabajos para fortalecer la infraestructura y mejorar el suministro de agua potable en distintos sectores de la zona metropolitana. Los usuarios pueden reportar fugas o falta de suministro al Acuatel 444 123 6400 y consultar información en las redes sociales oficiales del organismo.
La mañana de este lunes, oficiales de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron el rescate de un hombre que intentaba arrojarse desde un puente peatonal ubicado frente a la Terminal Terrestre Potosina.
Al arribar al sitio, los agentes municipales tuvieron contacto visual con un hombre de 35 años que se encontraba fuera del área segura del puente, sobre una placa metálica y por fuera del barandal de protección, por lo que de inmediato implementaron labores de diálogo y convencimiento.
Durante aproximadamente 30 minutos, los oficiales lograron establecer comunicación con el hombre, quien manifestó encontrarse en una situación de crisis y requerir ayuda.
Finalmente, accedió a ponerse a salvo y descender del puente, siendo trasladado al Centro de Internamiento Municipal, en el área de Juzgado Cívico, para recibir la atención y canalización correspondiente.
La intervención oportuna de los oficiales permitió salvaguardar su integridad y evitar una situación de mayor riesgo.
El Congreso del Estado avanza en los preparativos de los festejos del Bicentenario de la Constitución Política del Estado, que incluyen un ciclo de conferencias y conversatorios con participación académica, legislativa e histórica, además de la presentación de un libro. Las actividades iniciarán el 3 de septiembre y se extenderán hasta octubre.
La diputada Ana María de la Cruz Olvera,directora del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa “Diputada Matilde Cabrera Ipiña”, hizo una invitación extensiva a las y los ciudadanos a que participen en estos eventos y conozcan más de nuestro ordenamiento principal que tiene 200 años de regir a la sociedad.
Adelantó que se tendrá la participación del Colegio de San Luis, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,así como de los diputados integrantes del Comité, que se están encargando de los ajustes; se acordó con el CEEPAC que participe el doctor Tomás Calvillo, la doctora Isabel Monroy y Sergio Cañedo.
“Ellos hablarán sobre la aprobación de la Constitución, la abolición de la esclavitud, la participación de la mujer en la democracia a través de su voto, pero también se va a presentar un libro en coedición con el Congreso del Estado, que se llama “El Congreso del Estado y la Nación”, que es una selección de documentos de 1824 a 1923”, dijo.
Las conferencias y conversatorios se llevarán a cabo a partir del 3 de septiembre y terminarán las actividades en octubre y se abordarán los temas de justicia social, la abolición de la esclavitud, la presentación del voto de la mujer,y la autonomía universitaria, con la participación de María Gabriela Torres Montero, Guillermo Luévano Bustamante, Enrique Delgado López; la directora del Archivo Histórico, Yolanda Camacho, y la presidenta del CEEPAC, Paloma Blanco.
Además, señaló la diputada Ana María de la Cruz, se tienen proyectados otros eventos como parte de los festejos de conmemoración, por lo que se hace un llamado a los ciudadanos para que participen, se involucren, que conozcan la historia de San Luis Potosí.
En sesión de la Diputación Permanente, la diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa que busca modificar disposiciones del Código Familiar del Estado, y de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, para establecer la definición jurídica formal y la obligatoriedad analítica de la “Perspectiva de Persona Adulta Mayor”, de conformidad con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Explica que con esta reforma, se dota de identidad a dicho concepto metodológico para que sea aplicado en dos vertientes esenciales, la primera se refiere al proceso de creación y dictaminación de leyes por parte del Congreso del Estado y la planeación y diseño de políticas públicas a cargo del Poder Ejecutivo Estatal; finalmente la segunda vertiente atiende lo referente la resolución de controversias en materia familiar.
Se establece el concepto de Perspectiva de Persona Adulta Mayor, entendido como el enfoque especializado, diferenciado, integral y transversal que exige situar a la persona en su contexto particular y evitar decisiones sustentadas en estereotipos asociados a la edad.
Su aplicación requiere reconocer que existen múltiples formas de envejecimiento determinadas por factores económicos, sociales, culturales, de género, salud y redes de apoyo. La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.
Con el objetivo de garantizar el interés superior de niñas y niños de padre desconocidos a contar con filiación ante el Registro Civil, y que la autoridad competente adopte medidas de protección y resguardo necesarias, la diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza propuso una iniciativa de reforma al párrafo tercero del artículo 67 de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.
Con la reforma se busca establecer que, cuando la persona presentada sea registrada como hija o hijo de madre y padre desconocidos, el Oficial del Registro Civil deberá asignar nombre y apellido, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.
En estos casos, deberá notificar de manera inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes competente, a fin de que se adopten las medidas de protección y resguardo necesarias para salvaguardar el interés superior de la niñez.
Con esto, se busca cerrar una brecha normativa y garantizar que ningún niño o niña quede desamparado, reforzando la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez, ya que en la práctica, existen casos en los que una niña o un niño es presentado ante el Registro Civil sin que se conozcan sus vínculos de filiación, ya sea por situaciones de abandono, violencia o cualquier otra circunstancia que impida identificar a sus progenitores.
La legisladora señala que el marco legal actual permite al Oficial del Registro Civil asignar un nombre y apellidos para asegurar la inscripción inmediata; sin embargo, no existe una obligación expresa de dar aviso a las autoridades de protección, lo que puede dejar en situación de vulnerabilidad a estos menores, ya que no se activan de manera inmediata los protocolos de resguardo y protección.
Agrega que el derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 7 establece que todo niño tiene derecho a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y a contar con un nombre y una nacionalidad.
Este derecho debe ser protegido de manera especial por las autoridades, considerando el principio del interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4 de nuestra Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación para su análisis.
La diputada María Dolores Robles Chairezimpulsa una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, para dotar de identidad jurídica y operativa al concepto de interseccionalidad.
En su exposición de motivos la legisladora menciona que la reforma plantea integrar formalmente la definición de interseccionalidad como una herramienta metodológica esencial para las instituciones públicas, permitiendo identificar componentes tales como el género, la etnia, la clase social, la edad, la discapacidad y el idioma.
Con esta propuesta se busca fortalecer la visión de la igualdad de género, que hoy opera bajo un modelo unidimensional, para que ahora se vea de manera multidimensional y así sereconozca la confluencia de diversos factores que puedan generar discriminación entre las personas.
Robles Chairez propone también instruir a la autoridad respectiva a institucionalizar este principio en sus convenios de coordinación y en la prestación de servicios, garantizando que el diseño y la ejecución de las políticas públicas de igualdad sustantiva respondan a las realidades específicas de las mujeres y hombres potosinos.
Manifiesta que esta transición normativa, se alinea con la reciente evolución institucional del Estado, específicamente con la creación de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, consolidando así un marco jurídico local.
La diputada Robles Chairez advierte que de no considerar la interseccionalidad en una norma que persigue fines de igualdad, se puede acentuar la problemática, principalmente porque puede perpetuar la discriminación hacia quienes enfrentan múltiples formas de discriminación simultánea, invisibilizando sus necesidades específicas.
Asegura que la realidad social que vivimos, demuestra que las desigualdades no simplemente se suman en un todo, sino que se moldean recíprocamente para producir formas específicas de exclusión que a menudo resultan complicadas de visualizar, por ello se hace necesario dar identidad y aplicar en la Ley conceptos como la interseccionalidad, misma que sirve como una herramienta o medio para consolidar la igualdad sustantiva, contribuyendo con ello a la evolución social del estado de San Luis Potosí.
La iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión de Igualdad de Género.
SE INCLUYE LA DEFINICIÓN DE VIOLENCIA EN SU CONTRA Y BUSCA EVITAR TODA FORMA DE MALTRATO FÍSICO, SEXUAL, PSICOLÓGICO, ABANDONO, EXPLOTACIÓN O NEGLIGENCIA
Se define la violencia digital como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual, convencimiento y reclutamiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas sonoras, verdaderas o alteradas.
Incluye cualquier otra acción que sea cometida a través de tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, inteligencia artificial o cualquier otro espacio digital, que atenten contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada, o vulneren algún derecho humano de las niñas, niños y adolescentes.
Se define la violencia como toda acción,omisión, abuso, trato negligente o cualquier forma de abandono, de maltrato que cause daño, afectación, sufrimiento o ponga en riesgo la vida, la dignidad, la libertad, la integridad física, psicológica, emocional, sexual, y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Este tipo de violencia contra las niñas, niños y adolescentes puede ocurrir en el hogar y en la comunidad, pudiendo ser perpetrada por cuidadores, compañeros o extraños. Los tipos de violencia incluyen el maltrato infantil por parte de adultos en un puesto de responsabilidad, las peleas físicas entre padres, la violencia sexual y la violencia en el noviazgo, así como el asalto asociado con la violencia entre pandillas.
En la exposición de motivos se señala que la violencia tiene consecuencias graves para la salud y el bienestar de este sector, en algunos casos puede dar como resultado la muerte, ya que la violencia también se ha relacionado con una serie de problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental, incluido el deterioro del desarrollo social, emocional y cognitivo, lesiones y problemas de salud a lo largo de sus vidas, así como la adopción de conductas de alto riesgo como fumar, abuso de alcohol, drogas y sexo sin protección.
Los costos sociales y económicos de la violencia son altos y repercutiendo para toda la vida, incluyendo el bajo rendimiento escolar, mayor riesgo de desempleo y pobreza, así como pueden llegar a pertenecer a grupos de pandillas o el crimen organizado.
La diputada Nancy Jeanine García Martínez propuso iniciativas para adicionar la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, a fin de que formalizar un modelo de gobernanza hídrica más eficiente, y con ello, mejorar la coordinación institucional.
Propone la adición del artículo 12 BIS a la Constitución Política del Estado, con el objeto de establecer bases claras para la coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios en materia hídrica, así como para garantizar la participación informada, activa y efectiva de la ciudadanía en la planeación, gestión, vigilancia, y evaluación de la política hídrica.
Asimismo, se incorpora el reconocimiento del acceso a la información en materia hídrica y la obligación de garantizar la transparencia en la gestión, distribución y calidad del agua, como elementos indispensables para fortalecer la confianza pública y la rendición de cuentas.
Con esta reforma se busca consolidar un modelo de gobernanza hídrica más eficiente, transparente y participativo, que permita mejorar la coordinación institucional, fortalecer la toma de decisiones públicas y promover una gestión sustentable del agua, en beneficio de la población y del equilibrio ambiental.
También, propone la adición del artículo 12 TER a la Constitución Política del Estado, a fin de que la gestión del agua se rija por los principios de equidad intergeneracional, prevención, precaución, sustentabilidad, integralidad y responsabilidad ambiental.
Con ello, se busca orientar la toma de decisiones bajo un enfoque preventivo y de largo plazo, priorizando la protección del recurso hídrico frente a riesgos ambientales y sociales, así como la distribución justa de sus beneficios y cargas.
Se incorpora el enfoque de gestión integral por cuencas, el cual reconoce que el agua no puede ser administrada de manera aislada y bajo criterios administrativos únicamente, sino que debe atender a su dinámica natural dentro de los sistemas hidrológicos.
En esta iniciativa también se incorpora el concepto de seguridad hídrica como un eje rector de la política pública, entendida como la capacidad de garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes, así como de gestionar los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos.
En este sentido, se establece la obligación de adoptar medidas de prevención, adaptación y gestión de riesgos frente a la variabilidad climática y los efectos del cambio climático, los cuales impactan directamente en la disponibilidad y distribución del agua.
Se indica que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el tratamiento, saneamiento y disposición adecuada de las aguas residuales, a fin de proteger la salud humana y preservar el equilibrio ecológico y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos, de conformidad con la normativa aplicable.
Las iniciativas se turnaron para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; y, Agua.
El diputado Tomás Zavala González presentó dos iniciativas de reforma a la Ley del Mezcal para el Estado de San Luis Potosí, para actualizar la Norma Oficial Mexicana que rige esta actividad y para definir con claridad esta bebida.
En la primera propuesta se establece que la Ley del Mezcal para el Estado de San Luis Potosí fue publicada en el Periódico Oficial el 18 de septiembre de 2018, sin embargo, en la definición se plantea que la Ley atenderá lo dispuesto a la NOM-070-SCFI-1994, por lo cual se colocó en las definiciones de la misma, pero no es óbice mencionar que, dicha Norma fue abrogada por la NOM-070- SCFI-2016 publicada en el Diario Oficial de la federación en fecha 22 de febrero de 2017.
Es decir, que desde que la ley fue creada existió un error de fundamentación pues la Norma Oficial que debe seguirse desde esa fecha es la NOM-070-SCFI-2016 y no la NOM-070-SCFI-1994. Cabe señalar que en el Quinto Transitorio de la NOM-070-SCFI-2016, se señala de manera clara lo siguiente: Quinto. La presente norma oficial mexicana cancela a la NOM070-SCFI-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 1997, una vez que entre en vigor.
Es decir, que cuando fue referida en nuestra legislación local dicha norma no tenía vigencia razón por la que debe ser corregido dicho error y actualizar la misma, por lo cual y con el objeto de corregir dicha situación es preciso actualizar la porción normativa correspondiente.
La reforma señala: IX. NOM: Norma Oficial Mexicana, NOM-070-SCFI-2016, Bebidas Alcohólicas Mezcal-Especificaciones, norma que establece las características y especificaciones que debe cumplir la bebida alcohólica destilada denominada Mezcal para su producción, envasado y comercialización.
En la segunda iniciativa, el diputado Zavala González señala que el numeral tercero en su fracción VIII de la Ley del Mezcal para el Estado de San Luis Potosí, define el mezcal de la siguiente manera: “líquido de olor y sabor de acuerdo con su tipo obtenido por destilación de una planta de maguey; es una bebida alcohólica protegida con la denominación de origen dentro del territorio mexicano”.
Sin embargo, carece de precisión respecto de lo que se entiende por mezcal en sentido amplio, aunado a que no se homologa con la NOM-070-SCFI-2016, en la cual la definición es mucho más amplia y precisa la cual a la letra dice: “Mezcal: Bebida alcohólica destilada mexicana, 100 % de maguey o agave, obtenida por destilación de jugos fermentados con microorganismos espontáneos o cultivados, extraídos de cabezas maduras de magueyes o agaves cocidos, cosechados en el territorio comprendido por la resolución.
Es un líquido de aroma y sabor derivado de la especie de maguey o agave empleado, así como del proceso de elaboración; diversificando sus cualidades por el tipo de suelo, topografía, clima, agua, productor autorizado, maestro mezcalero, graduación alcohólica, microorganismos, entre otros factores que definen el carácter y las sensaciones organolépticas producidas por cada Mezcal.
El mezcal puede ser añadido de edulcorantes, colorantes, aromatizantes y/o saborizantes permitidos por el Acuerdo correspondiente de la Secretaría de Salud; por lo que para efectos de comprender de manera adecuada lo que se entiende en nuestra legislación por “mezcal” y con el objeto de regular adecuadamente su producción y comercialización, es necesario armonizar dicho contenido.
Puntualizó que una definición adecuada es una promesa de honestidad que le garantiza al consumidor que lo que está en su copa es, en efecto, el destilado de agaves cocidos en hornos de piedra, fermentado con la levadura del aire de su comunidad y destilado con el cariño del maestro mezcalero, y nos garantiza el mantener y defender nuestra identidad y la calidad de nuestro producto en este caso el mezcal.
Las iniciativas se turnaron a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para su estudio y dictamen.
El Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma disposiciones de la Ley de Educación y de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la educación digital, reducir la brecha tecnológica y promover una mayor inclusión social de las personas adultas mayores.
La reforma busca que las personas mayores tengan mayores oportunidades de acceder a herramientas tecnológicas y desarrollar habilidades para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como parte de las acciones encaminadas a favorecer su autonomía, participación social y ejercicio pleno de sus derechos.
Como parte de las modificaciones, se reformó la fracción III del artículo 25 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, estableciendo que el Gobierno del Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, deberán incluir la capacitación en tecnologías de la información y la comunicación, promoviendo la alfabetización digital como un medio para fortalecer el ejercicio de los derechos de este sector de la población y favorecer su plena integración social.
Asimismo, se establece que las autoridades deberán generar y aplicar estrategias que garanticen el derecho de las personas adultas mayores a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades.
Para ello, deberán promover programas y servicios educativos dirigidos a las personas adultas mayores, tomando en consideración sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales, además de impulsar la capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
La reforma establece también la conformación, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos, de cursos de educación básica, informática y alfabetización digital dirigidos a personas adultas mayores, con la finalidad de fortalecer su desarrollo personal, ampliar sus capacidades educativas y facilitar su incorporación al uso de herramientas tecnológicas.
Durante el análisis de la propuesta se destacó que la tecnología puede contribuir de manera importante a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, al facilitar el acceso a servicios de salud, fortalecer la comunicación y socialización, favorecer su autonomía y generar nuevas oportunidades de inclusión.
Sin embargo, se reconoció que uno de los principales retos es la brecha digital, particularmente entre personas que viven en comunidades marginadas o que tienen menor acceso a servicios educativos y tecnológicos.
Entre las barreras que enfrentan se encuentran la falta de acceso a Internet, el desconocimiento en el manejo de dispositivos electrónicos y la desconfianza o dificultad para utilizar nuevas herramientas digitales.
Ante esta situación, la reforma busca impulsar acciones de alfabetización digital que permitan a las personas adultas mayores adquirir conocimientos y habilidades para utilizar de manera segura y efectiva las nuevas tecnologías.
Con estas modificaciones, el Congreso del Estado fortalece el marco jurídico para promover una educación más incluyente y accesible, reconociendo que el desarrollo de habilidades digitales constituye una herramienta para favorecer la autonomía, participación e integración social de las personas adultas mayores.
Las nuevas disposiciones buscan que este sector de la población pueda acceder a oportunidades de aprendizaje permanente y aprovechar los beneficios que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en su vida cotidiana.
