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El diputado Héctor Serrano Cortés dio a conocer que el Congreso del Estado llevará a cabo una intensa agenda en este periodo de sesiones, para continuar las actividades por el Bicentenario de la Constitución del Estado, la comparecencia de funcionarios por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno y la revisión de proyectos de egresos, entre otras actividades.

El secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) expuso que podría llevarse a cabo un periodo extraordinario de sesiones para votar la minuta relacionada a la reforma constitucional en sus artículos 82, 116 y 122, que busca exigir nacionalidad única y la renuncia a cualquier otra ciudadanía a los aspirantes a puestos del Poder Ejecutivo.

También se espera votar la iniciativa preferente del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para reformar el artículo 60 de la Ley de Educación del Estado, a fin de restringir durante toda la jornada escolar el uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en educación básica. Tiene el acompañamiento de todas las fuerzas políticas de la LXIV Legislatura.

Destacó que en el mes de octubre, continúan los eventos por la conmemoración del Bicentenario de la Constitución del Estado, con la realización de una sesión solemne en el Teatro de la Paz, la colocación de la leyenda “H. Congreso del Estado” en el marco del Pleno, develación de unas placas conmemorativas y un monumento alusivo a los 200 años de la Constitución.

El diputado Serrano Cortés añadió que también hay un avance significativo en la elaboración del formato para las comparecencias de los funcionarios públicos por la Glosa del Quinto año de Gobierno, por lo que en breve se dará a conocer el calendario; “arrancaríamos, precisamente, a la mitad del mes de octubre, estamos a 15 días, prácticamente”.

Con el área de Finanzas se trabaja en la realización del proyecto de Ley de Egresos y la Ley de Ingresos que correspondería al Ejercicio 2027, entre otras actividades que se están afinando.

A propuesta del diputado Luis Emilio Rosas Montiel, el pleno del Congreso del Estado aprobó declarar el 14 de octubre de cada año como el “Día del Cronista Potosino”, para reconocer el esfuerzo de quienes  han dedicado su vida al estudio del pasado fuera del ámbito institucional.

El legislador explica que la crónica es un género literario que se ocupa de relatar los acontecimientos del día a día de determinada comunidad, se escribe desde una narrativa que navega entre el periodismo y la literatura, pero siempre describiendo hechos reales descritos con minuciosidad. 

En este sentido, el cronista es la persona que se encarga de elaborar esta narración, por lo que es un observador de los eventos históricos de su comunidad y se encarga de plasmarlos en papel para guardarlos en la memoria histórica para las futuras generaciones. 

“La crónica es una herramienta fundamental para preservar la historia, las tradiciones y la identidad de las comunidades. Los cronistas municipales son los guardianes de la memoria colectiva y los encargados de rescatar la esencia de cada región para impulsarla a través de investigaciones y publicaciones. Son los historiadores locales que se encargan de preservar el vasto patrimonio cultural que se encuentra en México y en cada uno de sus entidades y municipios”, señala.

Agrega que en San Luis Potosí, la labor del cronista es vital para resguardar y valorar, la identidad y el patrimonio cultural tangible e intangible de los 59 municipios que integran nuestra entidad, por ello la importancia de apreciar y promover el valor de su trabajo, sobre todo cuando las generaciones actuales desconocen ya la existencia de esta importante figura para sus comunidades y, aún más importante, desconocen de la historia de sus propios municipios, pueblos y comunidades.

La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó en el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección y Conservación de Árboles Urbanos del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer y modernizar el marco jurídico para la protección, conservación, restauración, manejo y aprovechamiento responsable del arbolado urbano.

Señaló que los árboles que forman parte de las ciudades no deben considerarse únicamente como elementos ornamentales del paisaje, sino como infraestructura ambiental indispensable para garantizar condiciones adecuadas de vida, salud, bienestar y seguridad, además de contribuir a la resiliencia de las ciudades frente a los efectos del cambio climático.

La legisladora explicó que, la propuesta establece criterios específicos para autorizar el derribo de árboles urbanos, entre ellos, cuando hayan concluido su periodo de vida; cuando interfieran con caminos, pavimentación, construcciones o remodelaciones y resulte técnicamente imposible integrarlos al proyecto; cuando presenten plagas o enfermedades de difícil control con riesgo de propagación; cuando causen o representen una amenaza para personas o bienes, o cuando se encuentren en situaciones de riesgo, alto riesgo o emergencia previstas en la legislación.

En los casos en que un árbol deba ser retirado por la ejecución de una obra o proyecto, la iniciativa establece que, siempre que sea técnicamente viable, deberá priorizarse su trasplante. 

“De no ser posible, quien resulte responsable del proyecto deberá plantar un mínimo de tres árboles por cada ejemplar derribado, de especies y características adecuadas y en los sitios que determine la autoridad municipal”.

La diputada Martínez Vázquez señaló que la iniciativa establece que el derribo no podrá considerarse como la primera medida para solucionar una interferencia entre el arbolado urbano y una obra, construcción, infraestructura o proyecto. Por el contrario, la conservación del árbol deberá ser considerada como primera alternativa.

Explicó que para obtener una autorización de derribo, el promovente de una obra o proyecto deberá acreditar documentalmente que fueron evaluadas alternativas como la conservación en sitio, modificación del proyecto, reubicación de infraestructura, adecuación de banquetas, pavimentos e instalaciones, así como el trasplante del ejemplar cuando resulte técnicamente viable.

La declaración de nulidad implicaría la suspensión inmediata de los trabajos amparados por la autorización y no eximiría al responsable de las obligaciones de restitución física o económica, reparación del daño ambiental ni de las sanciones administrativas, civiles o penales que pudieran resultar procedentes.

La legisladora Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de esta comisión legislativa, indicó que con este dictamen se ambas situaciones,que no estaban contempladas en nuestra legislación y se brinda un respaldo a la paciente y la familia que lo requiera.

“La iniciativa fue presentada por la diputada Sara Rocha Medina, y se visibiliza de lo que adolece nuestra Ley de Salud con respecto a los conceptos de muerte fetal, muerte neonatal y solicitar en caso de que lamentablemente exista el fallecimiento fetal o neonatal y que la familia requiera de una atención psicológica, de un respaldo de esta naturaleza pueda contarlos en esos momentos”.

Se establece el concepto de muerte fetal, entendido como “la muerte del producto de la concepción antes de la expulsión o su extracción completa del cuerpo de la madre”; y muerte neonatal como “la muerte de una o un recién nacido durante sus primeros veintiocho días de vida”.

Se indica que la Secretaría de Salud del Estado, tendrá entre sus facultades para estos casos, la provisión de atención médica y psicológica integral, oportuna y digna; y, se brindará acompañamiento mediante primeros auxilios psicológicos y contención emocional.

En la exposición de motivos del dictamen, se indica que además del impacto emocional, psicológico y social de la muerte fetal y neonatal, se documenta además una insuficiencia de protocolos de atención integral en hospitales públicos y privados.

El diputado García Castillo manifestó que esta declaratoria, parte de una solicitud formal presentada el 8 de junio de 2026 por integrantes del grupo “Cafetaleros Unidos”, perteneciente al programa Sembrando Vida y radicado en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, quienes solicitaron el respaldo institucional para impulsar el reconocimiento del 31 de julio como una fecha conmemorativa dedicada a la cafeticultura.

Por ello, la instauración del “Día Estatal de las y los Cafeticultores Potosinos” representa una medida de reconocimiento institucional hacia un sector que ha contribuido de manera permanente al desarrollo económico, social y cultural de nuestra entidad. 

Asimismo, constituye una oportunidad para promover el consumo del café potosino, fortalecer la identidad regional asociada a esta actividad productiva y fomentar la valoración del trabajo realizado por miles de familias que dependen de ella. 

Señala en su exposición de motivos, que la cafeticultura constituye una de las actividades agrícolas de mayor relevancia social, económica y cultural en diversas regiones del país. A lo largo de más de dos siglos, el cultivo del café ha permitido el desarrollo de comunidades rurales, la generación de empleos, la conservación de prácticas productivas tradicionales y el fortalecimiento de economías locales vinculadas al campo mexicano.

En el caso de San Luis Potosí, la producción de café forma parte de la identidad histórica y productiva de la región huasteca. Diversos estudios documentan que el cultivo del café se estableció en la entidad durante la primera mitad del siglo XIX, consolidándose como una actividad económica de relevancia para numerosas comunidades rurales.

La Huasteca Potosina se ha distinguido históricamente como la principal región cafetalera del Estado. Municipios como Aquismón, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa, Tamazunchale, Tancanhuitz y Xilitla han encontrado en la producción de café una actividad estratégica para el desarrollo local.

Mediante esta reforma, se establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. 

“El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 

La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

En la exposición de motivos, se indica que el derecho a la cultura es un derecho humano fundamental que garantiza a toda persona, de forma individual o colectiva, el acceso, la participación, la creación y el disfrute de la vida y el patrimonio cultural. A nivel internacional, protege la libertad de expresión artística, la diversidad cultural y el respeto a la identidad de los pueblos.

Este derecho está amparado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 27, establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico. 

Por su parte, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966), obliga a los Estados firmantes a reconocer el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, disfrutar de los beneficios del progreso científico y gozar de la protección de los intereses morales y materiales sobre sus producciones artísticas o literarias. 

En esa tesitura, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, establece que la diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad y obliga a los Estados a crear entornos que fomenten la creación, producción, difusión y disfrute de la cultura.

El diputado Luis Felipe Castro Barrón, vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, hizo un llamado a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí para que cumplan de manera efectiva con la prohibición del uso de animales de carga, como burros y caballos, en labores de recolección de basura y residuos domésticos.

Explicó que esta disposición forma parte de las reformas aprobadas en 2025 a la Ley de Protección a los Animales del Estado, que considera esta práctica como una forma de maltrato animal y establece sanciones que van de 3 a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Señaló que, pese a la legislación vigente, continúa el uso de animales de carga para estas actividades tanto en la zona metropolitana como en diferentes municipios del interior del estado, donde se han documentado casos de sobreexplotación y maltrato que incluso pueden ocasionar la muerte de los animales.

“Estamos pidiendo a los ayuntamientos que ejecuten la ley de manera eficiente. Seguimos viendo en distintos lugares, no solamente en la zona metropolitana, sino al interior del estado, personas que siguen utilizando animales de carga para estos fines”.

Advirtió que esta práctica además representa un riesgo para la población, debido a que algunos recolectores depositan los residuos en tiraderos irregulares, donde las altas temperaturas y la falta de medidas de prevención pueden generar incendios que afectan a los habitantes de zonas cercanas.

Castro Barrón precisó que esta situación se ha identificado en municipios como Coxcatlán, en la huasteca; Matehuala, en el altiplano; la Capital en la zona metropolitana, y particularmente en el sector de la comunidad de Peñasco, en Soledad de Graciano Sánchez.

Reconoció que algunos propietarios de estas carretas argumentan falta de recursos económicos para sustituir los animales por unidades motorizadas, por lo que planteó la posibilidad de que los ayuntamientos implementen programas de financiamiento que permitan realizar la transición hacia equipos adecuados para la recolección de residuos.

En reunión de trabajo de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte, se aprobó la homologación con la legislación federal a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en el sentido de que la interseccionalidad no es cuestión de género, sino “una cuestión de perspectiva hacia las condiciones que tienen las niñas y los niños”.

Se refiere la reforma a cuando en un menor de edad, se encuentran simultáneamente diversas vulnerabilidades, por ejemplo “una niña de escasos recursos con discapacidad, aplica en programas o estrategias distintas que un niño o niña de escasos recursos, pero que no tiene discapacidad”, dijo la presidenta de la comisión diputada Mireya Vancini Villanueva.

“Son vulnerabilidades simultáneas en una sola persona. Y lo que hicimos fue modificar la redacción que proponía la iniciativa de la diputada María Antonia Castro Castañeda, porque nada más estaba dirigido hacia las niñas, derivado que se tomó de la Ley General de la Mujer”.

La diputada Vancini Villanueva expuso que también se aprobó la reforma al artículo 10 de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar, iniciativa presentada por la diputada María Antonia Castro, para que en los ayuntamientos de San Luis Potosí, las políticas de seguridad y prevención sean permanentes en las escuelas.

Se refirió a la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de atención a la salud mental, principalmente en prevención de casos de suicidio entre los jóvenes, lo que hace necesario que haya acciones concretas.

Dijo que la situación personal se agrava cuando no hay una comunicación eficiente con los seres queridos, “no se puede verbalizar, no hay seguimiento, y las consecuencia son hechos lamentables que lastiman a todos, a la sociedad y por ello se debe atender el problema de salud mental desde las instituciones”.

Con la finalidad de beneficiar y apoyar principalmente a las escritoras indígenas, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, aprobó una reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado y Municipios de San Luis Potosí, eliminando la palabra comercialización.

El diputado Crisógono Pérez López, presidente de la comisión legislativa, dijo que es muy importante apoyar a todas las escritoras, incluidas las de lenguas indígenas, por lo que el dictamen se mandará al Pleno para su análisis y votación correspondiente.

“La palabra comercializar implica dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta, así como la investigación del mercado, fijación de precios y la promoción de producto. Por lo cual, la iniciativa planteada por la por la legisladora Brisseire Sánchez López fue actualizada”.

Así, establece que “…podrán celebrar convenios por medio de dependencias estatales referidas en el parte que antecede de este precepto con el gobierno federal o con alguna entidad federativa, así como con editoriales, librerías, bibliotecas del sector privado, con la finalidad de acrecentar las políticas, estrategias previstas en el programa de la materia”. Se elimina la palabra comercialización, de origen. 

La diputada Brisseire Sánchez, quien presentó la propuesta, dijo que “es muy importante que demos seguimiento a las peticiones ciudadanas que nos han hecho llegar. Esta, en particular, viene del municipio de Tamazunchale, en donde hay escritoras que han tenido algunas dificultades para promover sus obras literarias, y hoy la legislación que nos está tocando llevar a cabo, ayudará”.

“Este es un caso muy particular, en donde es importante que sigamos dando el apoyo y el empuje, ya que hay escritoras de las lenguas maternas, y muy poco se sabe de ellas. Hay algunas otras que lo hacen en español, y en otro momento que tengamos la oportunidad, que sean ellas mismas las que planteen algunas situaciones”, dijo.

Con el objetivo de incorporar el concepto de perspectiva de Persona Adulta Mayor, como metodología para que las autoridades diseñen y apliquen las políticas públicas a su favor, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, aprobó reformar disposiciones del Código Familiar del Estado, y de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de esta comisión legislativa, precisó que con esta modificación se busca que el marco jurídico estatal coloque a las personas adultas mayores en el centro de las políticas públicas, no desde una visión exclusivamente asistencialista, sino desde el reconocimiento de su dignidad, autonomía, participación y capacidad de contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. 

“Quedó establecido en el dictamen, que parte de dos iniciativas de las diputadas Dolores Robles y Brisseire Sánchez, donde se establece el concepto de perspectiva de la persona adulta mayor para ser incluida en la legislación, los planes de gobierno y en todo lo que se determine en este Congreso lo tome en cuenta, para fortalecer el desarrollo institucional en torno a las personas adultas mayores”.

De esta manera, se establece el concepto de  perspectiva de persona adulta mayor, entendida como el enfoque especializado, diferenciado, integral y transversal, que exige situar a la persona en su contexto particular y evitar decisiones sustentadas en estereotipos asociados a la edad, reconociendo que existen múltiples formas de envejecimiento, determinadas por factores económicos, sociales, culturales, de género, salud y redes de apoyo.

Indica en la exposición de motivos, que el aumento de personas adultas mayores en el país, constituye uno de los principales retos sociales, institucionales y jurídicos de la actualidad y próximas décadas. 

Por este motivo, el envejecimiento no debe ser entendido exclusivamente como una condición asociada a la edad o como una circunstancia que genere necesidades asistenciales, sino como una etapa del curso de vida en la que las personas continúan siendo titulares plenos de derechos humanos, con capacidad de decisión, autonomía, participación y aportación activa a la sociedad.