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Con estas reformas, se atiende una problemática real relacionada con la imposibilidad material de determinadas víctimas para denunciar, lo que fortalece la intervención oportuna del Estado ante situaciones de riesgo, contribuyendo así a evitar la impunidad en conductas que afectan la vida, integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores

También, se aprobaron reformas a diversos artículos de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí para evitar que cualquier persona, ya sea que forme parte de la familia o no, realice actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, o conductas que tengan por efecto forzar, presionar o inducir a ejecutar actos de mendicidad, trabajos forzados o actividades que atenten contra su dignidad o su salud física o mental o cualquier tipo de violencia contra la persona adulta mayor.

Así como cualquier acción u omisión que implique riesgo, menoscabo o afectación a su integridad personal, dignidad, ingresos, bienes o patrimonio, tales como el despojo, la retención indebida de recursos, la suplantación de identidad o la celebración de actos jurídicos que vulneren sus derechos. Todo acto que configure alguna de estas conductas deberá denunciarse de inmediato ante la autoridad competente, quien deberá activar los mecanismos de protección, investigación y restitución de derechos que resulten procedentes.

A propuesta de la diputada Jacquelinn Jauregui, se aprobó el Decreto que adiciona el artículo 204 TER al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para establecer que se perseguirán de oficio el delito de abandono, cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad.

Con estas reformas, se atiende una problemática real relacionada con la imposibilidad material de determinadas víctimas para denunciar, lo que fortalece la intervención oportuna del Estado ante situaciones de riesgo, contribuyendo así a evitar la impunidad en conductas que afectan la vida, integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores

También, se aprobaron reformas a diversos artículos de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí para evitar que cualquier persona, ya sea que forme parte de la familia o no, realice actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, o conductas que tengan por efecto forzar, presionar o inducir a ejecutar actos de mendicidad, trabajos forzados o actividades que atenten contra su dignidad o su salud física o mental o cualquier tipo de violencia contra la persona adulta mayor.

Así como cualquier acción u omisión que implique riesgo, menoscabo o afectación a su integridad personal, dignidad, ingresos, bienes o patrimonio, tales como el despojo, la retención indebida de recursos, la suplantación de identidad o la celebración de actos jurídicos que vulneren sus derechos. Todo acto que configure alguna de estas conductas deberá denunciarse de inmediato ante la autoridad competente, quien deberá activar los mecanismos de protección, investigación y restitución de derechos que resulten procedentes.

A propuesta de la diputada María Dolores Robles Chairez, el Pleno del  Congreso del Estado aprobó la reforma a diversos artículos del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que el derecho a recibir alimentos desde el nacimiento hasta el término de la minoría de edad, sean imprescriptibles.

También  es imprescriptible el derecho a recibir alimentos de las personas declaradas en estado de interdicción o el de las personas que, siendo mayores de edad, hayan sido dictaminadas con alguna discapacidad total que les impida desempeñar un trabajo u oficio por sí mismos, por el resto de su vida.

Esto, con el objeto de ampliar los derechos de las personas más vulnerables y que, por su condición, necesiten recibir alimentos en la mayoría de edad, ante la imposibilidad real de procurarse una vida digna, eliminando una interpretación restringida durante un litigio en donde se pudiera cuestionar su derecho con motivo de la condición de adultos.

Se indica además, que los alimentos generados y no pagados por la persona deudora alimentaria durante la vida adulta de la persona acreedora alimentaria prescriben a los cuatro años, contados a partir de la fecha en que cesó la obligación.

En la exposición de motivos, se establece que el derecho a los alimentos es una figura jurídica prevista en los diversos códigos civiles estatales y el federal, que no solo tiene como propósito satisfacer las necesidades alimenticias de las personas, sino que, además, involucra proporcionar lo necesario para la salud, la vivienda y el vestido. 

El Congreso del Estado recibirá la próxima semana el Quinto Informe de Gobierno y trabajará enseguida en la programación de las comparecencias de funcionarios públicos con motivo de la Glosa, que podrá llevarse a cabo en el Pleno o en comisiones, según lo acuerde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) donde están representados los grupos parlamentarios.

El diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de la Jucopo, dijo que el tema de la Ley de Movilidad es muy importante, por lo que en lo personal podría enfocarse en hacer planteamientos en ese sentido, “el Gobernador le ha puesto mucho empeño y valdría la pena conocer la proyección que se tiene en algunas áreas”. 

Señaló que los formatos de las comparecencias se revisarán posterior a la entrega del informe, para quedar definidos hacia finales de septiembre.

Independientemente de los titulares de las secretarías que deben ser llamadas a la Glosapor ley, “si algún diputado quiere incluir en la participación a determinado secretario, se consensuará; vamos a revisar el formato de la comparecencia, también los días y se puede incluir, en algunos casos, comparecencia en Pleno. Eso es algo que está aperturado, y es algo que vamos a discutir”.

Recordó que “la Glosa finalmente, es la oportunidad de incluir temas que, a juicio de los diputados, es importante que se aclaren y que no se contenga en el propio informe que presente el Gobernador”.

El diputado Héctor Serrano añadió que “la Jucopo integra a cada representante de los diferentes Grupos Parlamentarios. Las decisiones que se toman ahí son con la participación de todos. Debemos tener claridad de que lo que hemos sacado ha sido por elconsenso que se otorga, que se da al interior de ese órgano del Poder Legislativo”.

Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó recientemente las reformas a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y Municipios, luego de una impugnación por parte del ayuntamiento de San Luis Potosí.

La reforma constitucional, propuesta por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, establece que “los ayuntamientos deberán garantizar que las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal accedan de manera efectiva a prestaciones de retiro, jubilación o pensión, mediante esquemas operados por instituciones públicas de seguridad social que consideren su naturaleza funcional y condiciones de riesgo, observando criterios de viabilidad financiera, continuidad institucional y transparencia, conforme a los lineamientos que para su operación, seguimiento y evaluación emita el cabildo”.

Se indica que estas adecuaciones a la normativa del Estado, en materia de garantizar el derecho a la seguridad social digna de los miembros de los cuerpos policiales municipales, representan un avance institucional en la protección de sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a las legislaturas de los estados la facultad configurativa de regular las relaciones tanto en los municipios como en el propio ámbito estatal, en cumplimiento a los principios, bases mínimas, y de acuerdo con sus propias leyes.

Se establece que en el caso del Estado de San Luis Potosí, las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública estatales ya cuentan con cobertura pensionaria a través de la Dirección de Pensiones del Estado, lo que representa un avance institucional en la protección de sus derechos. Sin embargo, en el ámbito municipal, resulta indispensable establecer mecanismos claros, viables y fiscalizables que permitan a los municipios cumplir con esta obligación.

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“Hecho en San Luis Potosí” como instrumento institucional de promoción, orientado a visibilizar el valor agregado de los productos elaborados en el territorio estatal, indicó el diputado Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social.

Señaló que la implementación de dicho distintivo, permite al Titular del Ejecutivo del Estado, promover el fortalecimiento de las redes empresariales, cadenas productivas y esquemas de comercialización para los sectores prioritarios definidos en el programa General de Desarrollo Económico Sustentable y Competitividad, sirviendo también como instrumento institucional de promoción económica, por tanto la importancia y pertinencia de realizar la presente adecuación normativa, en beneficio de los productores potosinos.

El legislador, indicó que además, en este Segundo Año de trabajo legislativo, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un paquete de reformas para potenciar la economía estatal, como la reforma que permite otorgar incentivos a inversionistas nacionales y extranjeros, ya establecidas en otra entidad federativa que decidan trasladar o crearactividades de manufactura en el estado, cuyo mercado primario sea el extranjero.

Esto coloca a San Luis Potosí como un estado proactivo en la captación de capital global, con enfoque en sectores estratégicos como la industria automotriz y tecnologías verdes, generando empleos mejor remunerados y derrama económica en las cuatro regiones.

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Quienes conforman dichas Comisiones resaltaron estoscambios para beneficio de la población y a la par de resolvercuestionamientos, hicieron aportaciones para enriquecer este Reglamento, en el que solicitaron incorporar lenguaje inclusivo y la capacitación de personal de áreas relacionadas e implementar igualmente una campaña de difusión, además de garantizar accesibilidad real en distintos trámites catastrales para personas con discapacidad y adultas mayorese integrantes de grupos de atención prioritaria.

En su intervención, la Secretaria General del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre reconoció que esta actualización es parte de un arduo trabajo resultado de 4 años seguidos, y entre los logros resaltó la creación del primer comité de calidad que funcionará en la administración capitalina.

Al explicar parte de este nuevo reglamento, la directora de Catastro, María de Luz Islas Moreno recordó que el anteriordata de 2021, y hoy la nueva propuesta reduce la discrecionalidad, implica una reestructuración operativa de esta área, se propone su actualización cada 2 años en lugar de 5, se evita la duplicidad de documentos, se sigue con la promoción de expedientes electrónicos, del sello digital, además de la aplicación de controles de calidad.

También el nuevo Reglamento incluye responsabilidad porel uso incorrecto de datos, criterios específicos de acuerdo con cada construcción, alertas catastrales, la implementación y consolidación de plataformas electrónicas seguras, el mejoramiento de procesos a través de distintas herramientas, así como el establecimiento de multas.

Regresar a una colonia y hacerlo para cumplir un compromiso asumido con sus habitantes es, para el Gobierno de la Capital, una de las mayores satisfacciones de gobernar. Así lo afirmó el alcalde Enrique Galindo Ceballos durante la entrega de la rehabilitación de la calle Estados Unidos de América, en el tramo de calle La Pedrera a Constitución, en la colonia Satélite, acompañado de vecinas, vecinos y miembros del Comité de Obra. Recordó que no es la primera vez que visita esta zona y aseguró que regresará nuevamente para inaugurar otra calle.

“No hay mayor satisfacción que cumplir con lo que ofreciste. Prometiste esto, cúmplelo”, expresó el alcalde, al destacar el trabajo que realiza el equipo de Obras Públicas, que actualmente mantiene más de 75 obras en proceso de manera simultánea. La intervención de esta vialidad forma parte del programa Vialidades Potosinas 2.0 y permitió renovar más de 5 mil metros cuadrados de pavimento, además de incorporar señalamiento vial, pintura de carriles, guarniciones y pasos peatonales para mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Señaló que se realizarán foros, mesas de trabajo, consultas y todos los mecanismos necesarios para socializar los temas, pero a cambio, se pedirá el respeto a la institución y no se permitirán acciones que violenten el funcionamiento del Poder Legislativo, ya que el trabajo es el que debe prevalecer siempre.

“Mi compromiso ha sido la coordinación con todas las fuerzas políticas, reduciendo, por supuesto, todos los pendientes que hay en el Congreso, redoblando esfuerzos para hacer reformas de ley que le sirvan a la sociedad, yescuchándola; el presidente del Congreso es el responsable de coordinarse y representar al Poder Legislativo”.

Sobre el desarrollo de las sesiones, el diputado Luis Fernando Gámez expuso que “ya están los protocolos establecidos dentro de la ley, de cómo debemos de actuar. Por supuesto, bienvenidas todas las expresiones ciudadanas, los vamos a recibir en esta nueva etapa del Congreso, vamos a escucharlos, vamos a replantear muchas de las iniciativas con la sociedad civil”.

“Sin embargo, el único requisito que les vamos a pedir es que seamos respetuosos, que el respeto que se les dé de aquí para allá, también sea de allá para acá, porque, insisto, no se le falta el respeto a las personas, sino al Congreso. Vamos a fortalecer mucho el trabajo con la sociedad civil, vamos a crear foros de expresión ciudadana, las puertas del Congreso están abiertas”, dijo.

El diputado Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación. Afirmó que esta ha sido una petición de muchas familias en la zona huasteca y zona media, donde se han incrementado el número de accidentes, algunos mortales, por la impericia en la conducción de estos vehículos, aunado a la falta de cumplimiento de medidas de seguridad como el uso de casco.

“Es tiempo de tomar medidas en el uso correcto de la motocicleta, muchos hombres jóvenes en la zona media y huasteca están perdiendo la vida por el uso incorrecto de la motocicleta, por ello buscaremos implementar mayores medidas de seguridad en el uso de la motocicleta”.

Precisó que muchos conductores no utilizan correctamente los cascos, y en otros casos, no cumplen las normas de certificación, lo cual pone en riesgo la integridad de los conductores y sus acompañantes.

“La motocicleta es un medio de transporte y no podemos censurarlo pero si tenemos que tomar las medidas necesarias para que se puedantrasladar de manera segura, y deben tener una certificación adecuada para poder conducir”.