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SE AMPLÍAN LAS CAUSAS DE DISCRIMINACIÓN INTRODUCIENDO NUEVAS CONDICIONES QUE GENERAN ESTA PRÁCTICA: DIP. MARCO ANTONIO GAMA BASARTE

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobaron el dictamen que reforma la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado de San Luis Potosí presentada por la diputada María Antonia Castro Castañeda, para ampliar las causas que generen discriminación.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte,presidente de esta comisión legislativa dijo que el dictamen establece que la discriminación, es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad sustantiva de oportunidades de las personas en las esferas política, económica, social, cultural, civil, educativa, institucional, laboral o en cualquier otra. 

Asimismo, se propone, incluyendo a cualquier acción u omisión que, directa o indirectamente, provoque o perpetúe la brecha de género en cualquier ámbito, cuando la distinción, exclusión, restricción o preferencia en estos términos se base en uno o más de los siguientes motivos del origen étnico, nacional o regional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, la salud o jurídica, la religión y la apariencia y/o condición física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, la identidad de género, la orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, profesión o actividad laboral, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo análogo. 

En la propuesta aprobada, se agrega el siguiente párrafo a esta segunda fracción: se entenderá también como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS PARA QUIEN OCUPE LA SEGE, SERÁ EL MANEJO Y ARTICULACIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESPACIOS Y NIVELES QUE INTEGRAN ESTE SECTOR

El diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIV Legislatura, señaló que, la persona que asuma la titularidad de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), enfrentará importantes desafíos para garantizar la estabilidad y el fortalecimiento del sistema educativo potosino.

Consideró que la SEGE es una de las dependencias más complejas por la responsabilidad que implica coordinar la educación pública en todo el estado, por lo que subrayó la necesidad de que la persona designada cuente con capacidad, experiencia y sensibilidad política.

Expuso que uno de los principales retos será el manejo y articulación del personal educativo, así como la coordinación entre los distintos espacios y niveles que integran el sector, con el propósito de asegurar que la educación continúe desarrollándose de manera adecuada.

“Se trata de una secretaría compleja por el tamaño y la responsabilidad que representa. Quien llegue debe tener la suficiente capacidad para articular los diferentes espacios y formas de organización para que la educación camine de la mejor manera”, expresó.

El diputado Pérez López indicó que más allá de los perfiles que se han mencionado públicamente, será el gobernador del estado quien determine la designación; sin embargo, insistió en que el nuevo titular deberá tener amplio conocimiento del sector educativo y una trayectoria que respalde su desempeño.

Agregó que, la apertura al diálogo será otro elemento indispensable, debido a que la SEGE mantiene relación permanente con sindicatos, asociaciones de padres de familia, directivos y comunidades escolares de todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta superior.

Con el objetivo de ampliar las conductas consideradas como violencia psicológica en el Código Penal del Estado, la diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa para reformar dicho apartado.

La legisladora señala que actualmente el Código Penal del Estado considera la violencia psicológica como actos de intimidación o amenazas que generan miedo, así como acciones destinadas a aislar a la víctima de sus amistades, familia, escuela o trabajo. Sin embargo, el texto vigente no incorpora de manera expresa diversas conductas que hoy son comunes y que representan mecanismos claros de control emocional y dominación.

Por ello, se busca la incorporación expresa de actos reiterados de acecho, persecución, hostigamiento, acoso, humillación o alteración realizados en espacios frecuentados por la víctima, como en el domicilio, centro de trabajo, escuela, con la finalidad de ejercer control, presión, sometimiento o afectación emocional; o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo.

Con esto, se pretende reconocer jurídicamente formas de violencia que muchas veces son minimizadas pese a que generan graves consecuencias emocionales y psicológicas.

El impacto de este tipo de violencia puede derivar en depresión, trastornos de ansiedad, aislamiento social, pérdida de autoestima e incluso consecuencias físicas relacionadas con el estrés prolongado.

Señala que muchas mujeres viven bajo presión permanente por temor a ser vigiladas, perseguidas o humilladas por sus agresores, situación que limita su libertad y su desarrollo personal. 

Esta propuesta también fortalece el acceso a la justicia, ya que permitirá a las autoridades identificar con mayor claridad conductas constitutivas de violencia psicológica, evitando interpretaciones limitadas de la ley y otorgando mayores herramientas para la protección de las víctimas. 

Reconocer expresamente estas acciones en el Código Penal representa un avance importante para visibilizar formas de violencia que históricamente han sido normalizadas.

Con el objetivo de ampliar las conductas consideradas como violencia psicológica en el Código Penal del Estado, la diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa para reformar dicho apartado.

La legisladora señala que actualmente el Código Penal del Estado considera la violencia psicológica como actos de intimidación o amenazas que generan miedo, así como acciones destinadas a aislar a la víctima de sus amistades, familia, escuela o trabajo. Sin embargo, el texto vigente no incorpora de manera expresa diversas conductas que hoy son comunes y que representan mecanismos claros de control emocional y dominación.

Por ello, se busca la incorporación expresa de actos reiterados de acecho, persecución, hostigamiento, acoso, humillación o alteración realizados en espacios frecuentados por la víctima, como en el domicilio, centro de trabajo, escuela, con la finalidad de ejercer control, presión, sometimiento o afectación emocional; o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo.

Con esto, se pretende reconocer jurídicamente formas de violencia que muchas veces son minimizadas pese a que generan graves consecuencias emocionales y psicológicas.

El impacto de este tipo de violencia puede derivar en depresión, trastornos de ansiedad, aislamiento social, pérdida de autoestima e incluso consecuencias físicas relacionadas con el estrés prolongado.

Señala que muchas mujeres viven bajo presión permanente por temor a ser vigiladas, perseguidas o humilladas por sus agresores, situación que limita su libertad y su desarrollo personal. 

Esta propuesta también fortalece el acceso a la justicia, ya que permitirá a las autoridades identificar con mayor claridad conductas constitutivas de violencia psicológica, evitando interpretaciones limitadas de la ley y otorgando mayores herramientas para la protección de las víctimas. 

Reconocer expresamente estas acciones en el Código Penal representa un avance importante para visibilizar formas de violencia que históricamente han sido normalizadas.

El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar a quien proporcione datos falsos, oculte o altere su nombre, domicilio o el monto real de sus ingresos, con el objeto de evadir el establecimiento o el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí determina.

Explicó que mientras que la fracción II penaliza la simple omisión del pago y la fracción III sanciona la destrucción ficticia del patrimonio (insolvencia), la nueva fracción propuesta persigue y sanciona de forma autónoma la acción de falsear u ocultar información esencial ante las autoridades, combatiendo de raíz el dolo procesal con el que operan los deudores alimentarios.

Asimismo, esta reforma propone incrementar la punibilidad aplicable a este tipo penal, transitando de la penalidad vigente de seis meses a tres años de prisión, a un umbral de uno a cuatro años de privación de la libertad. 

Este ajuste no vulnera los principios de proporcionalidad establecidos en el artículo 22 de la Constitución Federal, toda vez que se alinea perfectamente con el marco punitivo de los delitos contra la familia y responde a la gravedad que reviste privar deliberadamente de sustento a quienes dependen del deudor para subsistir.

El diputado Lara Rocha expuso que a fin de dotar de certeza jurídica a las víctimas y operadores de justicia, se actualiza la terminología del precepto para remitir de forma directa y unificada al Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, evitando interpretaciones ambiguas y garantizando que la norma penal evolucione en perfecta sintonía con las disposiciones civiles sustantivas de la entidad.

Señaló en la exposición de motivos que el bienestar económico y la seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes, así como de las personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, representan pilares fundamentales del orden social, cuya tutela y cumplimiento material corresponden de manera corresponsable a los progenitores. 

No obstante, el incumplimiento deliberado de esta obligación es una problemática recurrente en nuestro estado que vulnera flagrantemente el principio del interés superior de la niñez y el derecho a una vida digna. 

Actualmente, el artículo 202 del Código Penal del Estado sanciona tanto la omisión injustificada de proveer recursos como la conducta activa de colocarse intencionalmente en estado de insolvencia para eludir dicha responsabilidad. 

Sin embargo, el marco normativo penal vigente adolece de una laguna sustancial al no contemplar las maniobras dolosas de ocultación, alteración o variación de datos personales, tales como el nombre, el domicilio o el monto real de los ingresos corrientes del deudor, conductas recurrentes empleadas para evadir desde un inicio el establecimiento judicial de una pensión alimenticia o para defraudar el cumplimiento de una ya decretada.

La Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXIV Legislatura, aprobó el dictamen para reformar la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, propuesta del diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención del tabaquismo y prohibir el suministro de tabaco a niñas, niños y adolescentes.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de esta Comisión Legislativa, explicó que la propuesta contempla reformar la denominación del Capítulo II “Programa Contra el Tabaquismo, el Uso de Cigarrillos Electrónicos, Vapeadores y Demás Sistemas o Dispositivos Análogos” de la Ley de Salud del Estado.

Explicó que la iniciativa establece que las autoridades sanitarias estatales deberán coordinarse con autoridades federales y municipales para la ejecución de acciones encaminadas a prevenir el consumo de tabaco y el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.

Entre las medidas contempladas, destaca que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podrá expender o suministrar tabaco a niñas, niños y adolescentes. Además, los establecimientos que comercialicen productos de tabaco deberán colocar a la vista del público letreros que prohíban expresamente su venta a menores de edad.

Asimismo, se fortalece la protección de las personas no fumadoras y no usuarias de cigarrillos electrónicos, mediante la prohibición de fumar, consumir, vapear o mantener encendidos productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos análogos en espacios 100 por ciento libres de humo y emisiones, como hospitales, salas de cine, teatros, transporte público, escuelas, oficinas públicas y otros espacios de concurrencia colectiva.

La iniciativa también contempla restricciones a la publicidad de cigarrillos de tabaco, electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en radio, cine, periódicos, revistas locales y otros medios de difusión.

El Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado trabaja en la integración de su propuesta de reforma a la Ley Electoral del Estado, incorporando las iniciativas y opiniones de sus diputadas y diputados, manifestó el coordinador diputado José Roberto García Castillo.

Dijo que se incluirán las propuestas presentadas a nivel federal por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de homologar las disposiciones federales con las estatales en la materia.

“Ya estamos trabajando las compañeras y compañeros diputados, para hacerla como Grupo Parlamentario, la estaremos analizando para el lunes estar revisando los últimos detalles, ir juntos en este tema e incorporar las reformas de la presidenta, que son temas diferentes y estaremos respaldándolas”.

Señaló que un punto importante que será incluido, es el referente al blindaje de las diferentes candidaturas, propuesta que también presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de evitar perfiles que tengan que ver con la delincuencia organizada. 

“Es importante atender este tema y tomar las medidas de manera prioritaria para las elecciones del 2027 y subsecuentes, tener perfiles adecuados y que no tengan relación con la delincuencia organizada”.

Esta propuesta de reforma electoral se sumará a las que ya han presentado otros Grupos Parlamentarios, para integrar un dictamen único que sea aprobado por el Pleno del Congreso del Estado.

Con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos, actividades de capacitación e intercambio en temas legislativos, el Congreso del Estado de San Luis Potosí firmó un convenio de colaboración con el Congreso del Estado de Guanajuato. 

Firmaron, por el Congreso de San Luis Potosí,los diputados Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, y el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa. 

Por el Congreso del Estado de Guanajuato, firmaron el documento el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza, presidente de la Junta de Coordinación Política y la diputada Martha Edith Moreno Valencia, presidenta de la Directiva.

El diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de San Luis Potosí, manifestó que estas acciones conjuntas permitirán el intercambio de información y experiencias para nutrir las iniciativas que sean presentadas.

“Firmamos un convenio para trabajar de manera conjunta y sobre todo, para tener un análisis muy claro sobre el impacto de las iniciativas y leyes que estamos llevando en el estado de San Luis Potosí”, señaló el legislador.

En el mismo tema, el diputado Carlos Arreola Mallol, director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, dijo que esta colaboración entre Congresos Locales permitirá sentar las bases para unir esfuerzos y acciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias a través de la ejecución y promoción de proyectos y actividades para el intercambio de información, coordinación, colaboración, capacitación, investigación, análisis, exposiciones, foros, difusión y eventos en materia de impacto legislativo.

“Tuvimos una clínica de evaluación legislativa, y una charla sobre consultas y vamos  traer muchos asuntos en colaboración con el estado de Guanajuato en diversos temas legislativos”, manifestó el legislador Arreola Mallol.

Estuvieron presentes también las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guanajuato: diputadas María del Pilar Gómez y Carolina León Medina; y los legisladores Alejandro Arias Avila, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Rodrigo González Zaragoza, y el diputado Jorge Arturo Espadas Galván. 

Esta Hacienda data del año de 1790 situada en el municipio de Villa Hidalgo; fue construida en beneficio a la minería, con el pasar de los años la actividad de la hacienda a tenido muchos cambios y giros; desde 1790 hasta 1901, fue básicamente agrícola, con parte de ganado. De 1901 a 1937, se orientó más ha ganado lechero y fabricación de quesos, complementado con agricultura.

En el año de 1994 esta propiedad fue adquirida por la familia Algara encontrándola en ruinas, con el tiempo se han dedicado a restaurarla sin perder su estructura original. Se ha reactivado como un lugar de reuniones, cursos, campamentos, retiros, eventos sociales y locación para filmar varias películas. Trojes, corrales, cuartos y pasillos volvieron a vivir, produciendo ahora encuentros humanos, celebración, aprendizaje y diversión.