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El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la jornada de Domingo de Pilas de este 23 de agosto para rehabilitar y dignificar el Camino a la Presa, uno de los espacios tradicionales de convivencia, recreación y activación física de San Luis Capital, con acciones de limpieza, rehabilitación y mejoramiento del entorno, además de trabajos de reforestación en el Bosque de la Vida del DIF Municipal. Con esta intervención, el Gobierno de la Capital fortalece un espacio que forma parte de la memoria colectiva de generaciones de familias potosinas y que hoy recupera su vocación como lugar de encuentro, ejercicio y contacto con la naturaleza.

El Presidente Municipal destacó que Domingo de Pilas representa una política permanente para recuperar los espacios públicos y devolverlos a las familias, por lo que la intervención del Camino a la Presa trasciende una jornada de mantenimiento y significa recuperar para San Luis Capital un espacio tradicional de convivencia y vida comunitaria. Señaló que el trabajo ambiental forma parte de una estrategia que ha permitido plantar más de 225 mil árboles en el municipio, de los cuales alrededor de 3 mil 500 se encuentran en el Bosque de la Vida.

La presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, resaltó que el Bosque de la Vida es ejemplo de cómo un espacio que anteriormente fue utilizado para la acumulación de basura puede transformarse en un lugar de naturaleza, convivencia y protección de la vida. Explicó que además de brindar refugio a polinizadores y fauna, el sitio tiene un significado especial para las familias, pues los árboles son vinculados con niñas y niños recién nacidos en San Luis Potosí, convirtiéndose en parte de su historia.

Galindo Ceballos destacó que cada árbol plantado es georreferenciado y registrado en una plataforma digital, con información, nombre y fotografía de la familia que participó en su plantación. De esta manera, la reforestación se convierte en un legado que trasciende el presente: las niñas y los niños podrán regresar en el futuro con sus propias familias, encontrar el árbol que lleva su nombre y recordar que, junto con sus padres y abuelos, dejaron una huella en el patrimonio ambiental de su ciudad.

El diputado Luis Felipe Castro Barrón denunció que en planteles educativos se siguen cometiendo actos de bullying contra menores que tienen alguna discapacidad y hay casos documentados en Rioverde y la Capital contra niños autistas, que ameritaron una investigación de las autoridades educativas que tomaron conocimiento.

Recordó que en junio pasado presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista que va más allá de la infancia y busca incorporar los conceptos de vida independiente, neurodiversidad y cuotas laborales, la cual podría avanzar en el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Estoy esperando que se abra un debate respecto a esta propuesta y que se mande al pleno para seguir aportando y enriquecer la propuesta; también hemos hecho exhortos a la Secretaría de Educación para que publique en su página web,  cuáles son las escuelas a donde las personas pueden llevar a sus hijos con algún tipo de discapacidad”.

El diputado Castro Barrón aseguró que, para sancionar el bullying no hay un verdadero marco normativo bajo el que las autoridades puedan actuar, porque “recordemos que siguen siendo menores de edad, muchos de ellos en primaria y en secundaria, en el marco normativo también se tendría que hacer una propuesta de modificación”.

“Considero que un agravante tendría que ser el acoso a persona con discapacidad, son las iniciativas que también estamos trabajando, porque, a fin de cuentas, tenemos que salvaguardar los derechos humanos para todos, por ello tomaron el tiempo necesario a fin de impulsar un ordenamiento integral que abarque todos los temas”.

Añadió el legislador que si es necesario abrir la discusión de la iniciativa que presentó, “porque la comunidad no puede seguir esperando, y cada vez tenemos menos oportunidades hacia ellos. Hemos visto muchos casos de bullying en las escuelas, en los ciclos escolares anteriores, y muchos de ellos han sido niños con algún tipo de discapacidad, y muchos de ellos han sido niños autistas”.

Puntualizó que “esperemos que ya se tome cartas en el asunto de esta iniciativa, y nosotros vamos a seguir presentando más modificaciones al respecto en el siguiente período”.

La diputada Jaquelinn Jauregui Mendoza propuso una iniciativa de adición a la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, para incorporar expresamente el trabajo comunitario como una opción sancionatoria.

Señaló que al establecer el trabajo comunitario como una opción sancionatoria, se permitirá a la autoridad administrativa aplicar medidas más proporcionales y útiles, ya que aplicaría en los términos que establezca el reglamento correspondiente y con base en criterios como la naturaleza de la infracción y la condición socioeconómica del infractor.

Agrega que actualmente, el artículo 84 establece como sanciones administrativas únicamente la multa y la suspensión o cancelación de licencias o permisos especiales, que si bien son necesarias para garantizar el orden y la seguridad vial, no siempre resultan equitativas ni eficaces, especialmente cuando el infractor no cuenta con recursos económicos suficientes o cuando se trata de infracciones menores cuya sanción podría aprovecharse para fortalecer el vínculo entre ciudadanía y comunidad.

Así, se establece el concepto de trabajo comunitario, en los términos que establezca el reglamento correspondiente, atendiendo a la naturaleza y condición socioeconómica del infractor. Esta sanción podrá aplicarse de forma sustitutiva o complementaria a las anteriores.

El trabajo comunitario es una sanción administrativa que consiste en la realización de actividades no remuneradas en beneficio de la colectividad, tales como la limpieza de espacios públicos, mantenimiento urbano, apoyo en campañas de concientización ciudadana u otras tareas análogas, definidas por la autoridad competente. 

Su aplicación se sujetará a los principios de proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y no discriminación, y no podrá exceder de 36horas.

La legisladora indica que esta propuesta no solo diversifica las herramientas sancionatorias del Estado, sino que también se alinea con los principios de justicia cívica, participación social y prevención no punitiva, favoreciendo la educación vial, la corresponsabilidad ciudadana y el sentido de pertenencia a los espacios públicos.

La iniciativa se analiza en la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. 

El Pleno del Congreso del Estado aprobó lareforma a la fracción IV del artículo 28 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de establecer la presunción de legítima defensa, cuando quien la ejerza sea una mujer, y al momento de desplegar la conducta, exista antecedente de ser víctima de violencia de género, o se encuentre en peligro inminente de ser víctima de violencia física, sexual, o feminicida.

Asimismo, cuando quien ejerza la legitima defensa sea una persona que actúa en auxilio de una mujer que en el acto sea víctima de violencia física, sexual, o feminicida con el objeto de repeler el acto violento en contra de la mujer; estableciéndose además que no se considerará exceso en la defensa, cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida, o en el hecho haya estado en peligro de serlo.

Se establece que existen muchos antecedentes en los que las mujeres han sido procesadas penalmente por el delito de homicidio o de lesiones causadas en contra de su agresor, aún y cuando actuaron en defensa de su propia vida e integridad, esto debido a la falta de aplicación de la perspectiva de género en las actuaciones de las autoridades de procuración e impartición de justicia, lo que ha llevado a las mujeres a su revictimización y criminalización.

Con esta reforma, los jueces están obligados a considerar el historial de violencia que sufren las mujeres, así como su estado emocional, psicológico y mental en el momento de los hechos. Esto permite una comprensión más integral de las circunstancias que llevaron a las víctimas a actuar en defensa propia, evitando que se les penalice por homicidio o exceso en la legítima defensa sin tomar en cuenta su situación.

Esta legislación se justifica plenamente al abordar una problemática histórica en el sistema judicial: la revictimización de las mujeres. Sin una perspectiva de género, los tribunales han fallado en reconocer el contexto de abuso al que están sometidas muchas mujeres, limitándose a aplicar la ley sin considerar las dinámicas de poder, control y agresión que las afectan.

Al reformar el Código Penal estatal para que los jueces evalúen cada caso con sensibilidad y conocimiento de la violencia de género, se protege el derecho de las mujeres a defenderse y se evita que sean castigadas por situaciones que no buscaron ni provocaron. 

Esta reforma no solo protege a las víctimas, sino que también representa un avance en la construcción de una cultura jurídica que rechaza la violencia de género y defiende los derechos fundamentales de las mujeres. Además, refuerza el mensaje de que la sociedad no tolerará la revictimización de quienes ya han sufrido agresiones.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó los resultados de su administración en ámbitos que inciden directamente en la vida de las y los potosinos, entre ellos el Centro Municipal de Salud Mental, único en su tipo, el crecimiento de la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas y las distinciones otorgadas a San Luis Capital por organismos internacionales como la UNESCO, la FAO y Naciones Unidas.

El trabajo en materia de salud también se ha extendido directamente a las colonias mediante la Ruta de la Salud, que desde su creación en 2022 ha brindado más de 102 mil servicios a más de 31 mil personas, acercando consulta general, estudios, medicamentos y detecciones oportunas sin que las familias tengan que enfrentar traslados complicados. A este esfuerzo se suma la nueva Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas, cuya infraestructura permitirá duplicar su capacidad de atención e incorporar hidroterapia, nuevos consultorios y la ampliación del Centro Municipal de Autismo, con una inversión de 44 millones de pesos.

En materia cultural, Enrique Galindo destacó también el Festival San Luis en Primavera y el Festival Internacional de Letras, que este año tendrá una edición que calificó como extraordinaria. Ambos forman parte de las acciones con las que el Gobierno de la Capital impulsa la actividad cultural y proyecta a San Luis Capital a nivel nacional e internacional.

La iniciativa busca establecer de manera expresa que la administración y operación del Sistema Penitenciario estatal se realice bajo los principios de respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte, además de contemplar la aplicación de beneficios preliberacionales como medios para procurar la reinserción social.

La legisladora consideró que también es necesario fortalecer la corresponsabilidad entre las instituciones y órganos involucrados en materia penitenciaria, con el objetivo de brindar apoyo para prevenir la reincidencia y coadyuvar con las autoridades jurisdiccionales y administrativas del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sánchez López señaló que el sistema penal tiene una responsabilidad que va más allá de la imposición de una sentencia, ya que debe generar las condiciones necesarias para que las personas sentenciadas puedan reincorporarse a la sociedad de manera efectiva.

En este sentido, destacó la importancia de los beneficios preliberacionales y las sanciones no privativas de la libertad como herramientas para favorecer la reinserción social, además de contribuir a la despresurización del sistema penitenciario.

Explicó que los beneficios preliberacionales constituyen mecanismos legales mediante los cuales una persona privada de la libertad puede obtener su libertad antes de cumplir la totalidad de la pena impuesta, siempre que satisfaga los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

Indicó que estos mecanismos buscan reconocer la buena conducta y el cumplimiento de los programas de reinserción durante el periodo de internamiento, al tiempo que permiten generar incentivos para que las personas privadas de su libertad participen activamente en su proceso de reincorporación a la sociedad.

Sánchez López indicó que, el fortalecimiento de estas medidas no solamente puede beneficiar directamente a las personas sentenciadas, sino que también puede generar efectos positivos para el sistema penitenciario y la sociedad, al contribuir a la prevención de la reincidencia y favorecer procesos de reinserción más efectivos.

La propuesta establece que, cuando en la comisión de un delito previsto en los capítulos I a III del título correspondiente intervenga un servidor público en ejercicio de sus funciones, con motivo de ellas o aprovechándose de su calidad, ya sea por acción u omisión, y facilite o coadyuve en su ejecución, la pena de prisión prevista para el delito respectivo se incremente en una mitad.

Además, se plantea imponer la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.

El legislador señaló que, la reforma no representa únicamente una modificación técnica al marco jurídico, sino que busca establecer un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas.

Explicó que al precisar que la responsabilidad de los servidores públicos puede actualizarse cuando faciliten o coadyuven en la comisión de un delito, incluso mediante una omisión, se pretende brindar mayores herramientas a los juzgadores para determinar las sanciones correspondientes y proteger la integridad de la función pública.

Lara Rocha indicó que, la propuesta también busca atender posibles espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, al considerar que quienes desempeñan una función pública tienen un deber de cuidado reforzado que debe cumplirse en todo momento.

Refirió que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece obligaciones para los Estados en materia de prevención y combate a este fenómeno, incluyendo medidas legislativas relacionadas con el abuso de funciones y el uso indebido de influencias.

La modificación, impulsada por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, contempla la adición del artículo 204 TER al Código Penal del Estado, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y garantizar una actuación oportuna de las autoridades.

Destacó que con esta reforma, el delito de abandono cometido contra integrantes de estos grupos deberá ser perseguido de oficio, por lo que el Ministerio Público tendrá la obligación de actuar con la debida diligencia para salvaguardar sus derechos y brindar protección ante posibles situaciones de riesgo.

La legisladora expuso que la modificación atiende una problemática real, relacionada con la imposibilidad material que pueden enfrentar determinadas víctimas para denunciar por sí mismas, por lo que resulta necesario fortalecer la intervención del Estado y evitar que este tipo de conductas permanezcan impunes.

Señaló que, el abandono de personas en situación de vulnerabilidad constituye una grave afectación a los derechos humanos y una expresión de violencia estructural que requiere una respuesta institucional efectiva, particularmente cuando se trata de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Indicó que, “Particularmente cuando se trata de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad donde se requiere una protección reforzada, tanto por su condición de edad, física o mental, como por los múltiples factores sociales que los colocan en situación de desventaja o riesgo”, expresó.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, participó en la reunión nacional de presidentas y presidentes de los comités estatales del partido, encabezada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en la que se evaluó el trabajo realizado hasta el momento, y se fortaleció la coordinación territorial del Movimiento en todo el país.

Rodríguez Velázquez destacó que en San Luis Potosí Morena mantiene una agenda permanente de trabajo en territorio, enfocada en fortalecer sus estructuras, informar a las y los potosinos sobre las acciones y resultados del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y escuchar directamente las necesidades de la ciudadanía.

Durante la reunión, Rodríguez Velázquez, señaló que el trabajo territorial permite mantener un vínculo cercano con las comunidades y conocer de primera mano las principales demandas de las familias potosinas, para seguir construyendo, junto con la gente, soluciones a las necesidades que existen en las distintas regiones del estado.

“Nuestro Movimiento se construye desde abajo, escuchando a la gente y caminando junto a ella. En San Luis Potosí estamos fortaleciendo nuestra organización, pero también informando sobre los resultados de la transformación y, sobre todo, escuchando lo que las comunidades necesitan”, expresó.

La dirigente estatal resaltó que el Gobierno de México mantiene una importante presencia en San Luis Potosí a través de programas de bienestar, becas, pensiones, acciones de salud, apoyos al campo e infraestructura, políticas que tienen como principio que los beneficios sociales sean reconocidos como derechos y no como favores.

En este sentido, Rodríguez Velázquez afirmó que una de las tareas fundamentales de Morena es acercar esta información a cada municipio y comunidad, para que la ciudadanía conozca los resultados de la administración de Claudia Sheinbaum y pueda acceder a los programas y acciones que le corresponden.

Durante la reunión nacional, la dirigencia nacional, solicitó a las dirigencias estatales establecieron seguir fortaleciendo el trabajo territorial y realizar los miércoles de cada semana, rueda de prensa en donde se informe a los ciudadanos sobre el trabajo que se viene realizando.

“La esperanza se cultiva en colectivo y desde las bases. Morena seguirá recorriendo San Luis Potosí, escuchando a las personas y fortaleciendo una organización que tiene como razón de ser servir al pueblo y acompañar la transformación del país”, sostuvo Rita Rodríguez.

En sesión de trabajo de la comisión legislativa, se aprobó con modificaciones la iniciativa de reforma al artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que presentó la diputada Sara Rocha Medina, que establecía diversas funciones nuevas que fueron valoradas y se concluyó que el aprovechamiento de la tecnología es importante para que los ciudadanos puedan recibir asesoría y atención de manera remota.

Señaló en la exposición de motivos que los Comités “son órganos de trabajo parlamentario integrados por las y los diputados y en su caso funcionarios del Poder Legislativo; tienen por objeto auxiliar en actividades del Congreso del Estado, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones; tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación”.

La diputada Rocha Medina señala que “fortalecer este Comité es fundamental para que el Congreso deje de ser solo un receptor de quejas y se convierta en un verdadero gestor de soluciones. Al dotarlo de facultades de seguimiento obligatorio y herramientas digitales, garantizamos que el derecho de petición no sea únicamente un trámite, sino un mecanismo efectivo que obliga a las autoridades a rendir cuentas y dar respuestas claras a los potosinos”.

“No podemos permitir que la distancia física, la falta de recursos o la brecha digital condenen sus demandas al olvido”.

Así, serán facultades del Comité, informar de manera clara y accesible al ciudadano sobre la autoridad competente para resolver su problemática cuando esta sea ajena al ámbito legislativo, brindando el acompañamiento necesario para asegurar que la solicitud sea atendida, en ejercicio de su deber de representación popular; implementar herramientas tecnológicas que faciliten la recepción de consultas y quejas de manera remota, garantizando la accesibilidad universal y la protección de datos personales, entre otras.