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El diputado Luis Felipe Castro Barrón, vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reiteró que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), debe mantenerse en funcionamiento hasta la aprobación de las leyes secundarias en la materia.

El legislador, quien impulsa la iniciativa para expedir la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señaló que su propuesta busca homologar las disposiciones federales a la ley estatal, y planea la creación de una autoridad garante en materia de transparencia, denominada Instituto Potosino de Apertura Gubernamental, (IPAG) y de un Subsistema Estatal de Transparencia,  como mecanismo de coordinación entre autoridades garantes, Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia.

“La iniciativa trata de armonizar la Ley General que existe por parte del cambio constitucional que tuvimos el año pasado, y que ya también se tomó en este Congreso hace un par de meses para hacer la modificación totalmente de la CEGAIP”.

Añadió que “no se extingue totalmente la CEGAIP hasta que estén las leyes secundarias aprobadas. Se hizo la propuesta de la armonización y se va a discutir cuando regresemos del receso en el que está este Poder”.

Explicó que para ello, se realizarán mesas de trabajo con instituciones y organizaciones interesadas en el tema de transparencia gubernamental, para escuchar sus propuestas y se incluyan algunos puntos.

“Sin embargo, esta armonización es con la Ley General, es un mandato constitucional que ya se aprobó a nivel federal; vamos a tener las mesas de trabajo para tratar de llegar a un punto medio, y cuando ya se tengan estas leyes secundarias, ahora sí, inicia el proceso de la extinción total de CEGAIP”. 

Resaltó que esta iniciativa mantiene el respeto a los derechos ciudadanos  en materia de transparencia, por lo cual, lo único que cambia son los procedimientos para adecuarlos al marco constitucional federal. 

El diputado Castro Barrón expuso que “la iniciativa deberá ser analizada y discutida al interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para elaborar el dictamen que se someterá a votación en el pleno”.

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Señala que en la mayoría de los municipios del Estado, los Centros de Recuperación y los albergues previstos por la ley, no existen o funcionan de manera insuficiente, debido principalmente a la ausencia de asignaciones presupuestales permanentes y a la falta de incorporación expresa de estas funciones dentro de la estructura competencial de los Municipios. 

El principal obstáculo para la ejecución efectiva de las políticas públicas de bienestar animal no radica en la inexistencia de obligaciones legales, sino en la falta de armonización entre la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, ya que mientras la legislación especial impone obligaciones específicas a los municipios, la legislación orgánica no incorpora de manera expresa dichas atribuciones dentro de las competencias municipales, situación que dificulta su ejecución.

Por ello, la iniciativa propone establecer como facultad de los ayuntamientos, el implementar o mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, sus Centros de Recuperación Animal para la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle o abandono conforme a la Ley de Protección a los Animales del Estado de San Luis Potosí.

Se indica que todos los municipios en el Estado, podrán realizar el “Programa Animal Comunitario” mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, y de manera permanente y con el fin de garantizar el bienestar de los animales en situación de calle o abandono.

La legisladora señala que de aprobarse esta reforma, se contribuirá a reducir progresivamente la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle mediante métodos éticos de control poblacional; disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas, mordeduras y accidentes relacionados con animales abandonados; fortalecer la salud pública y mejorará las condiciones de convivencia comunitaria.

Asimismo, permitirá que la protección animal deje de depender de decisiones administrativas aisladas para convertirse en una obligación institucional permanente, susceptible de planeación, evaluación y fiscalización.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y Régimen Interno y Asuntos Electorales.

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El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado expuso que esa oferta incluye a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Politécnica, los tecnológicos, las universidades privadas y la “Rosario Castellanos” que inauguró la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente y el gobernador Ricardo Gallardo.

De esta manera se amplía la oferta en mecatrónica, robótica, estudios de inteligencia artificial, entre otras carreras que son las que en estos momentos requieren las empresas por las actividades que desarrollan, situación que entendieron rápido las autoridades de los niveles federal y estatal así como educativas para actuar en consecuencia.

El diputado Rosas Montiel señaló que en San Luis Potosí hay unos 90 mil estudiantes que están cursando ingenierías, licenciaturas y otras carreras en la educación superior, ya que el capital humano es la principal fortaleza para generar desarrollo en el estado y mantener el liderazgo en la región.

Recordó que desde el Congreso del Estado se impulsó una iniciativa que derivó en el Decreto 457, mediante el cual se plantea regular el uso de dispositivos electrónicos dentro de los planteles educativos, bajo el criterio de que estas herramientas pueden ser aprovechadas con fines académicos conforme avanza el desarrollo escolar de los estudiantes.

Explicó que su propuesta contempla que, en los primeros grados de educación primaria y hasta preescolar, no se permita el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las escuelas, debido a que las niñas y los niños aún se encuentran en una etapa en la que deben desarrollar habilidades fundamentales.

El diputado Pérez López consideró que a partir del cuarto grado escolar los dispositivos pueden comenzar a utilizarse de manera provechosa como herramientas de consulta y acceso rápido a información, siempre bajo regulación y con fines educativos.

Manifestó su preocupación por los posibles efectos de un uso excesivo de dispositivos y redes sociales en niñas y niños, particularmente por situaciones relacionadas con dependencia o adicción a este tipo de tecnologías.

En este sentido, destacó que a nivel nacional se analiza la regulación del uso de dispositivos electrónicos en las escuelas, por lo que se prevé que durante los cursos y actividades de capacitación que iniciarán el próximo 24 de agosto, se lleve a cabo una consulta con maestras y maestros para recoger propuestas sobre la manera en que estas herramientas deben incorporarse al proceso educativo.

2 DE FEBRERO DE CADA AÑO, COMO DÍA DE LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES: DIP. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ

Con el fin de brindar un reconocimie

El diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión legislativa, precisó que la propuesta fue presentada por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, para brindar un reconocimiento a esta importante profesión, donde diariamente inciden en acciones para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

“Es una importante labor para el trabajo social, por ejemplo en las escuelas, en otras instituciones como IMSS o ISSSTE que apoyan en visitas, en buscar apoyos para alumnos o pacientes; existe un reconocimiento a nivel federal pero no existía estatal y es lo que buscamos con este dictamen”.

En México, esta profesión tiene sus raíces en el periodo posrevolucionario, como parte de los esfuerzos del Estado para atender las desigualdades sociales, consolidar políticas públicas y garantizar condiciones de desarrollo para los sectores más vulnerables.

Se señala que el proyecto de formación de trabajadoras sociales inició desde el año 1926; sin embargo, fue el 2 de febrero de 1933 cuando se otorgó el reconocimiento oficial a estos estudios, consolidando así el nacimiento formal de la profesión en México.

El diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que la ampliación de espacios en educación media superior, anunciada por el Gobierno de México,representa una oportunidad importante para las y los jóvenes que viven en comunidades rurales e indígenas, donde continuar con sus estudios implica enfrentar distancias, falta de planteles y dificultades económicas.


El legislador señaló que en municipios queintegran el Distrito XII local que representa, la educación debe entenderse también desde las condiciones del territorio, pues existen comunidades dispersas y localidades en las que las y los estudiantes deben trasladarse durante largos trayectos para poder acceder a un bachillerato.

“Para una familia que vive en una comunidad alejada, tener una opción de bachillerato más cercana, sabatina, híbrida o en línea puede significar la diferencia entre que una o un joven continúe estudiando o tenga que abandonar la escuela. Por eso esta ampliación tiene unenorme sentido social”, afirmó.

El Gobierno Federal planteó alcanzar 400 mil nuevos espacios para estudiantes de educación media superior. Como parte de ésta estrategia, durante 2026 se contempla una inversión superior a los 10 mil millones de pesos, así como la construcción y ampliación de 485 escuelas, con la generación de 156 mil 240 nuevos lugares.

A estas acciones se sumarán alternativas como nuevos turnos en planteles con alta demanda, bachilleratos sabatinos con tutorías y esquemas híbridos; la ampliación de Prepa en Línea, bachilleratos del CONAFE y nuevos planteles del modelo Margarita Maza.

El legislador José Roberto García consideró que estas modalidades pueden tener un impacto especial en las juventudes del campo y de los pueblos indígenas, porque permiten acercar la educación a lugares donde la dispersión geográfica históricamente ha limitado las oportunidades.

“Las juventudes de nuestras comunidades tienen talento, capacidad y ganas de salir adelante. Lo que necesitan son oportunidades reales. La educación no puede depender del lugar donde naciste ni de cuántos kilómetros separan tu comunidad de una escuela”.

El diputado García Castillo reconoció la política educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señaló que desde el Congreso del Estado se continuaránrespaldando las acciones que permitan acercar derechos y oportunidades a las comunidades.

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el diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, consideró necesario continuar fortaleciendo el presupuesto destinado al sector educativo, tanto estatal como federal.

Señaló que, si bien durante la actual administración se ha registrado un crecimiento en la construcción de nuevos espacios educativos y en la remodelación y ampliación de planteles, las necesidades de las escuelas son permanentes debido a la propia dinámica de las comunidades escolares.

Explicó que al concluir cada ciclo escolar, directivos y docentes reportan las necesidades específicas de los planteles, información que permite identificar las obras y acciones prioritarias que deberán atenderse con la participación del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos. 

“Sí, seguimos teniendo escuelas con necesidades y es una cuestión lógica, la dinámica misma de las escuelas hace que haya necesidades constantes”, puntualizó.

El diputado Pérez López destacó que, además de construir nuevos planteles, es fundamental conservar en buenas condiciones la infraestructura que ya existe, por lo que hizo un llamado a fortalecer la participación de maestros, directivos, padres de familia y estudiantes en el cuidado de los espacios educativos.

El legislador señaló que de cara al análisis del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2027, será necesario incrementar los recursos destinados a educación, pues no solamente se requiere inversión para la construcción y rehabilitación de escuelas, sino también para incorporar nuevos insumos, herramientas tecnológicas y mayores oportunidades de acceso a la tecnología en las aulas.

Recordó que, en el presupuesto anterior se contemplaron alrededor de 3 mil 200 millones de pesos de recursos estatales para el sector educativo, además de aproximadamente 9 mil millones de pesos de origen federal, por lo que estimó que para 2027 deberá existir un incremento que permita atender las nuevas necesidades de la comunidad educativa.

Con esta iniciativa, se busca pasar de un esquema predominantemente asistencial y psicológico, a uno integral que incorpore progresivamente la atención médica psiquiátrica.

Explica que en San Luis Potosí, la Ley de Salud Mental del Estado reconoce la obligación de brindar atención integral a las personas con padecimientos mentales, las capacidades institucionales de los municipios continúan siendo limitadas, pues en la mayoría de los casos la atención municipal se restringe a servicios psicológicos básicos, generalmente prestados por los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, sin contar con mecanismos permanentes para la atención médica psiquiátrica, el seguimiento farmacológico especializado ni la referencia oportuna de pacientes con trastornos mentales graves.

Por ello, la reforma plantea que los programas se dirijan a la población en general, reconociendo que la salud mental constituye un derecho universal y no exclusivamente una medida asistencial. Asimismo, incorpora expresamente la obligación de contar con profesionales especializados en psicología y de gestionar o integrar progresivamente atención médica psiquiátrica bajo la supervisión técnica de la Secretaría de Salud.

También, se incorpora la obligación específica para que los municipios celebren convenios con la Secretaría de Salud encaminados no solamente a la coordinación administrativa, sino también a la asignación y capacitación de personal especializado en psiquiatría, así como al suministro permanente de medicamentos psiquiátricos incluidos en el cuadro básico.

De igual manera, se establece la facultad y obligación de los ayuntamientos para promover, implementar y garantizar servicios integrales de prevención, atención médica psiquiátrica y acompañamiento psicológico, así como celebrar convenios con los Servicios de Salud del Estado y con la Federación para disponer de personal especializado, garantizar el suministro de medicamentos psiquiátricos y habilitar módulos o centros municipales de atención a la salud mental.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Régimen Interno y Asuntos Electorales para su análisis.

Durante el encuentro se reconoció la participación de vecinas, vecinos, comerciantes, estudiantes y representantes de distintos sectores que mantienen comunicación directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal para reportar situaciones de riesgo, identificar problemáticas y contribuir a la construcción de entornos más seguros, con una estrategia que fue reconocida con el Sello de Garantía de Bienestar y que ya ha alcanzado un 97 por ciento de integración.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que este modelo parte de una premisa fundamental: la seguridad se fortalece cuando la información que generan las corporaciones se complementa con el conocimiento que tienen las propias comunidades sobre lo que ocurre en su territorio.

“El modelo de seguridad tiene dos fuentes de información: la policía tiene información criminal y el ciudadano tiene información territorial. Cuando ambas se juntan, generamos inteligencia social”, explicó el Presidente Municipal.

Desde 2024, el Gobierno de la Capital ha fortalecido la evolución del modelo de seguridad municipal hacia un esquema de seguridad ciudadana, mediante la organización de comités y el establecimiento de canales permanentes de comunicación entre la población y la Policía Municipal.

La red ha crecido progresivamente hasta superar los 900 Comités de Seguridad e Inteligencia Social, que permiten mantener una comunicación más cercana con las comunidades y detectar de manera oportuna situaciones que pueden representar riesgos para la población.

La Regidora Maritza Jenith Vázquez Pérez destacó los acuerdos alcanzados por el Gobierno de la Capital, firmados durante la Feria de Proveeduría con distintos sectores productivos para fortalecer la economía local y ampliar las oportunidades de vinculación para empresas y personas emprendedoras de San Luis Capital.

La Presidenta de la Comisión de Servicios resaltó particularmente los convenios firmados recientemente con el Clúster Automotriz y con la Cámara de Comercio y Economía México-China, al considerar que estos acuerdos permiten generar nuevos vínculos comerciales y ampliar las posibilidades de que empresarias y empresarios potosinos se integren a cadenas de proveeduría.

Vázquez Pérez coincidió con el Alcalde Enrique Galindo Ceballos en la importancia de que el Gobierno de la Capital sea un facilitador para quienes generan negocios, invierten y producen, con una visión que contribuya tanto al desarrollo económico como al bienestar de la población.

La Regidora destacó la relevancia de generar condiciones para que empresas locales y personas emprendedoras puedan vincularse con grandes empresas e industrias, establecer relaciones comerciales y ampliar sus oportunidades de crecimiento. “No sólo se beneficia a empresas locales, sino se tiene un impacto en quienes habitan la ciudad”, señaló.

Finalmente, Vázquez Pérez consideró que estos acuerdos son parte de los resultados que ha generado la Feria de la Proveeduría y respaldó desde el Cabildo la continuidad de este tipo de encuentros. “Estos resultados son una muestra de los beneficios dejados por la pasada cuarta edición de la Feria de Proveeduría, por ello, desde el Cabildo apoyaremos este tipo de eventos ante los beneficios reales que representan para las potosinas y potosinos”, concluyó la Regidora de la Capital por Acción Nacional.