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EN TIEMPO Y FORMA ESTARÁ LISTA LA REFORMA PARA EL PROCESO ELECTORAL 2026-2027 CON BASE EN CONSENSOS

Luego de reunirse con el Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien estará presente en la reunión, el secretario de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) informó que será el próximo jueves cuando se realice el encuentro en el edificio Presidente Juárez, como parte de los trabajos de la reforma en curso.

Asistirán la presidenta del CEEPAC, Paloma Blanco López; la encargada de despacho del INE, Patricia Santos Quevedo; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Denisse Porras Guerrero; el Fiscal Electoral, las y losintegrantes de la JUCOPO y legisladores que deseen participar, porque todas las aportaciones son importantes.

El diputado Héctor Serrano dijo que “la idea es, evidentemente, ponernos de acuerdo para cerrar todo el tema del interés que cada quien presente sobre la reforma electoral y estar en condiciones de que a mediados de este mes ya podamos votarla. Ha sido un trabajo de meses que se encuentra en su etapa final”.

Dejó en claro que “hemos estado trabajando sobre la propuesta de la reforma desde el mes de noviembre, desde que se presentó originalmente la propuesta por el CEEPAC, ya tenemos las propuestas de cada fuerza política, las expresiones que se han dado incluso por otros organismos y vamos a consensuar”.

Señaló el legislador Serrano Cortés que “tenemos fecha de vencimiento, tenemos que hacer la reforma antes de tres meses de que arranque el proceso electoral, y entrará precisamente a partir de noviembre. Entonces, tenemos que sacarlo ya en este período, por eso es sumamente importante llevar a cabo estas reuniones de trabajo”.

Sobre la realización de foros para abundar y perfeccionar la reforma sobre el uso indebido de la inteligencia artificial, señaló que “hay una legislación en el tema de penalizar. Y lo que sigue, a petición de algunos comunicadores, de algunos medios importantes, es la regulación. No tiene que ver más que con identidad, partiríamos de ese principio, el derecho equilibrado de que tú puedas sacar una nota y que la contraparte pueda replicar respecto a la nota. Y todavía tienes chance de contra replicar”.

SE ARMONIZA CON LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES FEDERALES EN MATERIA DE NO REELECCIÓN, NEPOTISMO Y REDUCCIÓN DE PRIVILEGIOS

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el dictamen indica que la armonización está alineada con lo establecido a nivel federal, para racionalizar el gasto público, eliminar beneficios excesivos y fortalecer una cultura de responsabilidad en la ejecución del gasto. 

Lo anterior, resulta consistente con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, que obliga a que los recursos públicos se administren bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Para ello, parte de los objetivos del Decreto es establecer que las personas consejeras electorales integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y de las personas magistradas del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, percibirán una remuneración acorde con sus funciones, sin que pueda exceder del límite previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni comprender prestaciones extraordinarias, seguros, bonos, apoyos, beneficios o regímenes especiales que no estén expresamente previstos en la ley.

Tampoco podrán adquirir o contratar con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, o disposición general. 

Los ahorros derivados de estas reformas constitucionales evidencian que es posible racionalizar el gasto institucional sin comprometer el funcionamiento del Estado

En ese sentido, se establece que el presupuesto del Congreso del Estado debe guardar una proporción coherente con el presupuesto público estatal, el cual no podrá exceder del cero punto setenta por ciento (0.70 %) del Presupuesto de Egresos del Estado.

Los ayuntamientos se integrarán por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal. 

Conforme las reformas a la Constitución Federal, en ningún caso podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula. 

Uno de los objetivos principales del Decreto Legislativo es eliminar la figura de la reelección consecutiva de los cargos de Diputados y de los integrantes de los ayuntamientos, con la salvedad de un Transitorio Segundo que establece que dichas disposiciones serán aplicables para el proceso electoral constitucional locales 2029-2030.

También se establece, en el Transitorio Tercero, que el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones a la legislación secundaria en materia electoral que resulten necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto, por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.

LAS MODIFICACIONES PERMITIRÁN ADEMÁS QUE EL INSTITUTO PUEDA FUNGIR FORMALMENTE COMO ENLACE INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS ENTES CONSULTANTES: DIP. BRISSEIRE SÁNCHEZ LÓPEZ

La Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso del Estado, aprobó el dictamen que reforma la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer y dar sustento legal a las atribuciones del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas en los procesos de Consulta Indígena.

La diputada Brisseire Sánchez López, presidenta de la comisión legislativa y promovente de la iniciativa, explicó que la propuesta contempla establecer, entre otras disposiciones, la obligación de rendir anualmente un informe de actividades conforme a los objetivos y atribuciones previstos en la ley.

Indicó que las modificaciones permitirán además que el Instituto pueda fungir formalmente como enlace interinstitucional entre los entes consultantes y la entidad normativa en los procesos de Consulta Indígena, en apego a la legislación vigente en la materia.

La legisladora recordó que, San Luis Potosí cuenta con una Ley de Consulta Indígena cuyo propósito es establecer los casos en que deben consultarse a los pueblos y comunidades indígenas, así como definir las etapas para su desarrollo, desde el diseño y la planeación, hasta la operación, seguimiento y evaluación.

Sánchez López puntualizó que, la iniciativa busca incorporar de manera expresa dentro de las atribuciones del Instituto la coordinación de las actividades de la entidad normativa en los procesos de consulta indígena, previo acuerdo correspondiente, ya que por la naturaleza de sus funciones es la primera instancia que conoce de las solicitudes para iniciar dichos procedimientos.

Explicó que actualmente, en la práctica, el Instituto ya desempeña labores de coordinación e informa a las y los integrantes de la entidad normativa sobre el desarrollo y avances de las consultas, fungiendo como primer enlace entre los integrantes y los entes consultantes. 

“Con esta reforma se otorga fundamento legal al Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas para desahogar una función que ya realiza dentro de los procesos de consulta indígena”, señaló.

Asimismo, se determinó que la propuesta no es susceptible de consulta indígena, debido a que su alcance corresponde a una actividad administrativa que actualmente ya realiza el Instituto y no modifica el procedimiento de consulta establecido en la Ley de Consulta Indígena para el Estado de San Luis Potosí.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.

EL OBJETIVO ES PRESERVAR LA SANIDAD ANIMAL COMO BIEN PÚBLICO Y QUE LAS INSTITUCIONES SE COORDINEN EN BENEFICIO DE NUESTRO CAMPO: DIP. FRINNÉ AZUARA YARZÁBAL.

A propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, el Pleno del Congreso del Estadoaprobó el Punto de Acuerdo para exhorta a diversas autoridades federales a que lleven  a cabo acciones de contención, prevención, vigilancia y control del gusano barrenador.

El Punto de Acuerdo exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de sus facultades presupuestales, realice una revisión profunda y, en su caso, una ampliación urgente al presupuesto del SENASICA para el ejercicio fiscal 2026, que permita revertir los recortes aplicados y dotar a la institución de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a esta y futuras contingencias sanitarias.

A la  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ambas del Gobierno Federal para que informen detalladamente a esta Soberanía sobre el presupuesto ejercido en los últimos cinco años para la campaña contra el gusano barrenador, las acciones concretas realizadas en San Luis Potosí, y el plan a corto, mediano y largo plazo para recuperar el estatus sanitario que permita la reapertura del mercado estadounidense.

Y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a gestionar, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), un acuerdo sanitario de emergencia con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que permita restablecer la certificación de zonas libres de gusano barrenador y reactive las exportaciones de ganado mexicano a la brevedad posible.

En su exposición de motivos, se indica que esta situación que ya está dejando huella en el campo mexicano, particularmente en regiones como San Luis Potosí, donde la presencia del gusano barrenador ha dejado de ser un aviso técnico para convertirse en un problema económico y social concreto. 

Por otro lado, el acceso al mercado estadounidense no es un lujo para la ganadería nacional; es el eje que sostiene la viabilidad de miles de ranchos, la cadena de insumos, el empleo rural y el dinamismo de municipios enteros. Si no se interviene con coordinación y recursos reales, el costo de la inacción se multiplicará con creces

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EL RESPONSABLE DEL DELITO TENDRÁ QUE REPARAR DE MANERA INTEGRAL LOS DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS: DIP. MARÍA LETICIA VÁZQUEZ

En reunión de la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, fue aprobado el dictamen que reforma el Código Penal del Estado para incrementar la sanción hasta en dos terceras partes, cuando en el robo, y con motivo de este, se ocasionen daños materiales a los bienes adicionales, como pueden ser a la casa habitación, sus dependencias o vehículo automotor.

La presidenta de la comisión legislativa,diputada María Leticia Vázquez Hernández dio a conocer que se busca establecer expresamente la obligación del responsable del delito, de reparar de manera integral los daños materiales ocasionados a los bienes afectados, sin perjuicio la sanción pecuniaria correspondiente al acto cometido.

“El hecho de que una persona que roba una casa habitación, dañe una chapa porque la +fractura, para ingresar a un domicilio, o fractura una chapa de un vehículo para acceder a su interior, o rompe un cristal, es una conducta que no es independiente al robo, es un medio comisivo del delito de robo, y, por lo tanto,  no son delitos independientes”, dijo.

Explicó que “el delito de daño en las cosas lo subsume el delito de robo, que es el delito mayor, en este caso; no significa que no se sancione, evidentemente se sanciona y es parte de la reparación del daño que tiene derecho la víctima en toda su totalidad, no de manera independiente”.

“La reforma busca empatar, así como ya hay un elemento importante que lo califica, no menos importante es también calificar la fractura, de cerraduras, de todos los daños, que se ocasionan como parte de la comisión del delito. No solo ingresa la persona sino que daña las cosas”.

Así, el dictamen establece que el robo será calificado cuando se ejecute con fuerza sobre las cosas, entendiéndose por esta, la destrucción, fractura, remoción, inutilización dolosa de obstáculos materiales, tales como puertas, ventanas, cerraduras, chapas, candados, rejas, muros, cristales, dispositivos de seguridad electrónico o mecánica o cualquier otro elemento destinado a resguardar, delimitar o restringir el acceso a un espacio o a un bien, siempre que dicha fuerza sea empleada como medio de facilitar o consumar el robo.

SE DEBEN ABRIR DEBATES NACIONALES EN SLP SOBRE TEMAS QUE AFECTAN A TODA LA SOCIEDAD: DIP. LUIS EMILIO ROSAS

Fue presentado en recinto del Congreso del Estado el libro “Balas con remitente” por el escritor Fernando Coca Meneses a iniciativa del diputado Luis Emilio Rosas Montiel, en presencia del diputado federal Jesús Valdés Peña y de Salomón Rosas Ramírez, director general de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía del Gobierno de México.

En conferencia de prensa, el diputado Luis Emilio Rosas dijo que “los propósitos que nos hemos trazado en esta Legislatura, es dignificar la política, y tiene que ver con traer los debates de altura, los debates de interés nacional y local, como lo es la generación de violencia en nuestro país, el problema de inseguridad y este tipo de discusiones no se pueden quedar nada más en la Ciudad de México, tienen que venir a San Luis Potosí con los protagonistas de este tipo de investigaciones”.

“Se trata de que nuestra democracia y nuestro debate se fortalezcan y que las opiniones puedan ser contrastadas para que juntos podamos unirnos como potosinas y potosinos en búsqueda de un país con más paz social”.

El autor del libro, Fernando Coca, señaló que “mientras en México nos estamos gastando el 18 por ciento del Producto Interno Bruto en los efectos que ha causado la violencia, en los Estados Unidos, las empresas que fabrican armas tienen ganancias multimillonarias. Cada bala que se dispara en México significa mil dosis de fentanilo hacia las calles de los Estados Unidos. Cada arma que circula por nuestro país implica el cierre de escuelas, negocios, empresas que impiden el desarrollo económico de nuestras sociedades”.

Añadió que “necesitamos que en México se tome conciencia de lo que está sucediendo, no hay  que quejarse solamente de que la violencia está imparable; decimos no a la impunidad, sí al ejercicio de la ley, pero, sin duda, armonizar nuestras leyes para que esto sea factible. El prólogo de este libro está firmado por 100 diputadas y diputados federales”.

Esto quiere decir que están inmiscuidos en el tema y se están buscando soluciones, diputadas y diputados de todos los partidos políticos, de los todos los estados de la República, no nos podemos quedar ya ni como sociedad ni como profesionales de la comunicación y el periodismo ni como legisladores, callados. O tomamos el toro por los cuernos o la violencia seguirá reinando en nuestras comunidades”.

“Necesitamos poner este tema en el debate público, lo tenemos que dar en todos los lugares que nos abran un espacio, hoy el diputado Emilio Rosas nos invitó a presentar el libro en San Luis Potosí. Nos ha traído al Congreso a platicar de este tema, porque creemos que si no aterrizamos a nivel de calle los problemas que nos aquejan, no tendrán soluciones, no porque no se esté trabajando los poderes en el tema, sino porque si una sociedad no participa de las soluciones de su problema, será una solución a medias”, dijo.

Señaló que “si el crimen organizado no tuviera ese tipo de armas, combatirlo sería mucho más fácil; antes se usaban armas convencionales y ahora son de grado militar, por eso la violencia se incrementa, se importa de Estados Unidos, y los resultados en el combate se alcanzarán con acciones conjuntas que permitan inhibir ese trabajo de los carteles”.

El diputado federal Jesús Valdés Peña y el director general de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Salomón Rosas Ramírez abundaron sobre las acciones que se han hecho desde el gobierno federal en contra del tráfico de armas y reconocieron que falta mucho trabajo por hacer.

CON ESTA MINUTA, SE APLAZA DEL AÑO 2027 AL AÑO 2028, LA ELECCIÓN CORRESPONDIENTE DE PERSONAS JUZGADORAS

En Sesión Extraordinaria, por mayoría, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, enviada por la Cámara de Senadores.

Se aplaza del año 2027 al año 2028 la elección correspondiente de personas juzgadoras, medida que encuentra sustento en la necesidad de generar un periodo razonable de consolidación institucional y administrativa que permita implementar de manera adecuada los cambios derivados de la reforma judicial, armonizar la legislación secundaria desarrollar capacidades operativas y presupuestarias suficientes, así como asegurar que las autoridades electorales y jurisdiccionales cuenten con el tiempo necesario para organizar procesos técnicamente viables y plenamente compatibles con los principios constitucionales que rigen materia electoral y judicial del Estado mexicano.

También, se establecen las medidas orientadas a fortalecer la operación de los Comités de Evaluación integrado en cada Poder; homologar criterios de revisión y selección de aspirantes; reducir el número de candidaturas; simplificar el diseño de las boletas; garantizar la paridad de género desde las etapas iniciales; ordenar la organización territorial por circuito y especialidad. 

Además, establece reglas sobre vacantes, licencias y renuncias; fortalecer la capacitacióny evaluación de personas juzgadoras; crear secciones en la Suprema Corte y armonizar los procesos de elección judicial en las entidades federativas y en la Ciudad de México.

La minuta propone incorporar un modelo más claro para organizar la elección de Magistraturas de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito, tomando en cuenta la naturaleza propia del Poder Judicial de la Federación. A diferencia de los procesos electorales ordinarios, la elección judicial no sólo debe atender criterios poblacionales o electorales, sino también la distribución de circuitos judiciales, especialidades y cargos sujetos a renovación.

Por ello, la reforma plantea que la elección de Magistraturas de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito se realice por circuito y distrito judicial, conforme a las bases que establezcan la Constitución y la legislación aplicable. Esta modificación busca que la ciudadanía vote por las candidaturas que correspondan efectivamente a su ámbito territorial y a las especialidades judiciales existentes en su circuito.

Se propone que el INE sea la autoridad responsable de dividir cada circuito judicial en tantos distritos judiciales como cargos correspondan a la especialidad más numerosa dentro de ese circuito. Este número de distritos será la base sobre la cual se organizará la totalidad de la elección judicial en ese ámbito territorial.

La minuta también propone que el INE genere una lista de candidaturas por especialidad encada circuito judicial donde distinguirá el Poder postulante y el género. Posteriormente, en acto público, asignará aleatoriamente las candidaturas que correspondan a cada distrito judicial, garantizando que los Poderes postulen en cada distrito a dos personas del mismo género por especialidad.

Se establece que las boletas distinguirán al Poder postulante y, cuando corresponda, a las personas juzgadoras en funciones. Asimismo, deberán distinguir las especialidades de cada ámbito territorial y contener los nombres completos de las personas candidatas. 

En el debate, participaron las diputadas Frinné Azuara Yarzábal, Ma. Sara Rocha Medina y los legisladores Carlos Artemio Arreola Mallol y Marco Antonio Gama Basarte.

El dictamen se remitirá a la Cámara de Senadores, para los efectos previstos en el artículo 135 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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SE ESTABLECE QUE SERÁ CAUSAL DE NULIDAD DE ELECCIÓN, CUANDO SE ACREDITEN ACTOS DE INTERVENCIÓN O INJERENCIA EXTRANJERA QUE INFLUYAN EN LOS RESULTADOS ELECTORALES

En Sesión Extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen que resuelve la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un inciso d), para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, enviado por la Cámara de Senadores.

El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, señala que la Minuta es constitucionalmente viable, jurídicamente pertinente y acorde con los principios democráticos y de soberanía nacional previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Minuta establece que será causal de nulidad de elección, cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

En el dictamen, se indica que esta reforma parte de la necesidad de fortalecer el sistema constitucional de nulidades electorales frente a nuevas formas de injerencia externa que pueden comprometer la soberanía nacional, la autenticidad del sufragio, la equidad de la contienda y la legitimidad democrática de los resultados.

Se señala que las nuevas formas de intervención extranjera representan riesgos reales para la integridad de los procesos electorales, particularmente ante el uso de mecanismos digitales, financieros, tecnológicos y mediáticos capaces de influir de manera indebida en la percepción ciudadana, en las condiciones de equidad de la contienda y en la libre manifestación de la voluntad popular. 

Asimismo, se considera que el marco constitucional vigente en materia de nulidades electorales presenta una laguna normativa al no contemplar expresamente la intervención extranjera como causal directa de nulidad, pese a que la propia Constitución reconoce la obligación del Estado mexicano de salvaguardar la soberanía nacional y garantizar que la renovación de los poderes públicos derive exclusivamente de elecciones libres, auténticas y democráticas. 

En ese sentido, se indica que es necesario incorporar una causal específica de nulidad electoral por intervención extranjera dentro del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, esta Comisión dictaminadora estima que la Minuta contribuye al fortalecimiento del sistema democrático mexicano, a la protección de la soberanía popular y a la preservación de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y autenticidad del sufragio que rigen la función electoral en el Estado mexicano.

La reforma no establece una causal automática de nulidad, ni permite invalidar una elección por cualquier manifestación, expresión u opinión proveniente del extranjero. Para que proceda deberá acreditarse que la intervención o injerencia fue grave, dolosa, determinante y que influyó en los resultados electorales.

En sus artículos transitorios, señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este Decreto, antes del 5 de junio de 2026. 

Además, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto.

En el debate, participaron la legisladora Frinné Azuara Yarzábal y los diputados Carlos Arreola Mallol, y Marco Antonio Gama Basarte.

En reunión de la Comisión de Fomento al Turismo se aprobó el dictamen que modifica diversos artículos de la Ley de Turismo del Estado, para incorporar el Catálogo Estatal de Turismo, en sustitución del actual registro estatal, a fin de promover un instrumento moderno, integral y de utilidad pública actualizada.

Permitirá a la Secretaría de Turismo y a los municipios planificar y diseñar rutas y productos turísticos coherentes con la vocación de cada región y fortaleciendo la competitividad de nuestros destinos.

La diputada María Aranzazu Puente Bustindui, presidenta de esta comisión legislativa, indicó que el nuevo Catálogo será una herramienta estratégica para la promoción, la planeación y la inversión turística, alineará los esfuerzos públicos y privados en torno a la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo regional.

“En este Catálogo, todos  los prestadores de servicios turísticos van a tener la oportunidad de acercarse a la Secretaría de Turismo para registrarse, para tener un catálogo ordenado y actualizado, esto va a fortalecer todas las regiones con las que contamos en el estado, es voluntario y servirá para visibilizar estos servicios, que tengan mayor presencia, tanto en redes como en promoción turística, ya sea hoteles, restaurantes, dentro de cada región”.

Agregó que la importancia de este catálogo es que permitirá a la población y los turistas, tener en un solo sitio toda la información relacionada con el turismo, “ahí mismo se podrá consultar, se le está dando un plazo a la Secretaría en lo que reúnen toda la información y actualizan, de un año para la implementación de este catálogo”.

También, en la sesión de trabajo, se aprobó la modificación al artículo 59 de la misma Ley de Turismo del Estado para la incorporación del nombre correcto de Secretaría de Cultura del Estado, a fin de establecer una concordancia con la legislación del estado.

Ambos dictámenes se turnarán al pleno para su votación. 

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La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado dio cuenta de seis solicitudes presentadas por ayuntamientos que buscan obtener la aprobación para acceder a un crédito simple y financiamiento ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el propósito de destinar los recursos a obras de infraestructura básica y fortalecimiento de los servicios públicos.

Los expedientes que actualmente se encuentran bajo análisis corresponden a los municipios de Tampacán, San Ciro de Acosta, Rayón, Tamasopo, Santa Catarina y Vanegas.

El diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, explicó que cada una de las solicitudes será revisada de manera puntual para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar que los recursos económicos obtenidos, se orienten exclusivamente a proyectos que generen un beneficio directo para la población.

El legislador señaló que se deberá cumplir estrictamente el marco jurídico aplicable en materia de disciplina financiera, deuda pública y coordinación fiscal. 

La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal refrendó su compromiso de vigilar que cualquier esquema de financiamiento municipal se realice con responsabilidad, transparencia y en apego a la normatividad vigente.