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Con el objetivo de ampliar las conductas consideradas como violencia psicológica en el Código Penal del Estado, la diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa para reformar dicho apartado.

La legisladora señala que actualmente el Código Penal del Estado considera la violencia psicológica como actos de intimidación o amenazas que generan miedo, así como acciones destinadas a aislar a la víctima de sus amistades, familia, escuela o trabajo. Sin embargo, el texto vigente no incorpora de manera expresa diversas conductas que hoy son comunes y que representan mecanismos claros de control emocional y dominación.

Por ello, se busca la incorporación expresa de actos reiterados de acecho, persecución, hostigamiento, acoso, humillación o alteración realizados en espacios frecuentados por la víctima, como en el domicilio, centro de trabajo, escuela, con la finalidad de ejercer control, presión, sometimiento o afectación emocional; o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo.

Con esto, se pretende reconocer jurídicamente formas de violencia que muchas veces son minimizadas pese a que generan graves consecuencias emocionales y psicológicas.

El impacto de este tipo de violencia puede derivar en depresión, trastornos de ansiedad, aislamiento social, pérdida de autoestima e incluso consecuencias físicas relacionadas con el estrés prolongado.

Señala que muchas mujeres viven bajo presión permanente por temor a ser vigiladas, perseguidas o humilladas por sus agresores, situación que limita su libertad y su desarrollo personal. 

Esta propuesta también fortalece el acceso a la justicia, ya que permitirá a las autoridades identificar con mayor claridad conductas constitutivas de violencia psicológica, evitando interpretaciones limitadas de la ley y otorgando mayores herramientas para la protección de las víctimas. 

Reconocer expresamente estas acciones en el Código Penal representa un avance importante para visibilizar formas de violencia que históricamente han sido normalizadas.

El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar a quien proporcione datos falsos, oculte o altere su nombre, domicilio o el monto real de sus ingresos, con el objeto de evadir el establecimiento o el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí determina.

Explicó que mientras que la fracción II penaliza la simple omisión del pago y la fracción III sanciona la destrucción ficticia del patrimonio (insolvencia), la nueva fracción propuesta persigue y sanciona de forma autónoma la acción de falsear u ocultar información esencial ante las autoridades, combatiendo de raíz el dolo procesal con el que operan los deudores alimentarios.

Asimismo, esta reforma propone incrementar la punibilidad aplicable a este tipo penal, transitando de la penalidad vigente de seis meses a tres años de prisión, a un umbral de uno a cuatro años de privación de la libertad. 

Este ajuste no vulnera los principios de proporcionalidad establecidos en el artículo 22 de la Constitución Federal, toda vez que se alinea perfectamente con el marco punitivo de los delitos contra la familia y responde a la gravedad que reviste privar deliberadamente de sustento a quienes dependen del deudor para subsistir.

El diputado Lara Rocha expuso que a fin de dotar de certeza jurídica a las víctimas y operadores de justicia, se actualiza la terminología del precepto para remitir de forma directa y unificada al Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, evitando interpretaciones ambiguas y garantizando que la norma penal evolucione en perfecta sintonía con las disposiciones civiles sustantivas de la entidad.

Señaló en la exposición de motivos que el bienestar económico y la seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes, así como de las personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, representan pilares fundamentales del orden social, cuya tutela y cumplimiento material corresponden de manera corresponsable a los progenitores. 

No obstante, el incumplimiento deliberado de esta obligación es una problemática recurrente en nuestro estado que vulnera flagrantemente el principio del interés superior de la niñez y el derecho a una vida digna. 

Actualmente, el artículo 202 del Código Penal del Estado sanciona tanto la omisión injustificada de proveer recursos como la conducta activa de colocarse intencionalmente en estado de insolvencia para eludir dicha responsabilidad. 

Sin embargo, el marco normativo penal vigente adolece de una laguna sustancial al no contemplar las maniobras dolosas de ocultación, alteración o variación de datos personales, tales como el nombre, el domicilio o el monto real de los ingresos corrientes del deudor, conductas recurrentes empleadas para evadir desde un inicio el establecimiento judicial de una pensión alimenticia o para defraudar el cumplimiento de una ya decretada.

La Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXIV Legislatura, aprobó el dictamen para reformar la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, propuesta del diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención del tabaquismo y prohibir el suministro de tabaco a niñas, niños y adolescentes.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de esta Comisión Legislativa, explicó que la propuesta contempla reformar la denominación del Capítulo II “Programa Contra el Tabaquismo, el Uso de Cigarrillos Electrónicos, Vapeadores y Demás Sistemas o Dispositivos Análogos” de la Ley de Salud del Estado.

Explicó que la iniciativa establece que las autoridades sanitarias estatales deberán coordinarse con autoridades federales y municipales para la ejecución de acciones encaminadas a prevenir el consumo de tabaco y el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.

Entre las medidas contempladas, destaca que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podrá expender o suministrar tabaco a niñas, niños y adolescentes. Además, los establecimientos que comercialicen productos de tabaco deberán colocar a la vista del público letreros que prohíban expresamente su venta a menores de edad.

Asimismo, se fortalece la protección de las personas no fumadoras y no usuarias de cigarrillos electrónicos, mediante la prohibición de fumar, consumir, vapear o mantener encendidos productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos análogos en espacios 100 por ciento libres de humo y emisiones, como hospitales, salas de cine, teatros, transporte público, escuelas, oficinas públicas y otros espacios de concurrencia colectiva.

La iniciativa también contempla restricciones a la publicidad de cigarrillos de tabaco, electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en radio, cine, periódicos, revistas locales y otros medios de difusión.

El Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado trabaja en la integración de su propuesta de reforma a la Ley Electoral del Estado, incorporando las iniciativas y opiniones de sus diputadas y diputados, manifestó el coordinador diputado José Roberto García Castillo.

Dijo que se incluirán las propuestas presentadas a nivel federal por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de homologar las disposiciones federales con las estatales en la materia.

“Ya estamos trabajando las compañeras y compañeros diputados, para hacerla como Grupo Parlamentario, la estaremos analizando para el lunes estar revisando los últimos detalles, ir juntos en este tema e incorporar las reformas de la presidenta, que son temas diferentes y estaremos respaldándolas”.

Señaló que un punto importante que será incluido, es el referente al blindaje de las diferentes candidaturas, propuesta que también presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de evitar perfiles que tengan que ver con la delincuencia organizada. 

“Es importante atender este tema y tomar las medidas de manera prioritaria para las elecciones del 2027 y subsecuentes, tener perfiles adecuados y que no tengan relación con la delincuencia organizada”.

Esta propuesta de reforma electoral se sumará a las que ya han presentado otros Grupos Parlamentarios, para integrar un dictamen único que sea aprobado por el Pleno del Congreso del Estado.

Con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos, actividades de capacitación e intercambio en temas legislativos, el Congreso del Estado de San Luis Potosí firmó un convenio de colaboración con el Congreso del Estado de Guanajuato. 

Firmaron, por el Congreso de San Luis Potosí,los diputados Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, y el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa. 

Por el Congreso del Estado de Guanajuato, firmaron el documento el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza, presidente de la Junta de Coordinación Política y la diputada Martha Edith Moreno Valencia, presidenta de la Directiva.

El diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de San Luis Potosí, manifestó que estas acciones conjuntas permitirán el intercambio de información y experiencias para nutrir las iniciativas que sean presentadas.

“Firmamos un convenio para trabajar de manera conjunta y sobre todo, para tener un análisis muy claro sobre el impacto de las iniciativas y leyes que estamos llevando en el estado de San Luis Potosí”, señaló el legislador.

En el mismo tema, el diputado Carlos Arreola Mallol, director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, dijo que esta colaboración entre Congresos Locales permitirá sentar las bases para unir esfuerzos y acciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias a través de la ejecución y promoción de proyectos y actividades para el intercambio de información, coordinación, colaboración, capacitación, investigación, análisis, exposiciones, foros, difusión y eventos en materia de impacto legislativo.

“Tuvimos una clínica de evaluación legislativa, y una charla sobre consultas y vamos  traer muchos asuntos en colaboración con el estado de Guanajuato en diversos temas legislativos”, manifestó el legislador Arreola Mallol.

Estuvieron presentes también las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guanajuato: diputadas María del Pilar Gómez y Carolina León Medina; y los legisladores Alejandro Arias Avila, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Rodrigo González Zaragoza, y el diputado Jorge Arturo Espadas Galván. 

Esta Hacienda data del año de 1790 situada en el municipio de Villa Hidalgo; fue construida en beneficio a la minería, con el pasar de los años la actividad de la hacienda a tenido muchos cambios y giros; desde 1790 hasta 1901, fue básicamente agrícola, con parte de ganado. De 1901 a 1937, se orientó más ha ganado lechero y fabricación de quesos, complementado con agricultura.

En el año de 1994 esta propiedad fue adquirida por la familia Algara encontrándola en ruinas, con el tiempo se han dedicado a restaurarla sin perder su estructura original. Se ha reactivado como un lugar de reuniones, cursos, campamentos, retiros, eventos sociales y locación para filmar varias películas. Trojes, corrales, cuartos y pasillos volvieron a vivir, produciendo ahora encuentros humanos, celebración, aprendizaje y diversión.

Con el fin de incorporar propuestas de las diferentes instituciones y asociaciones que conforman el sistema de salud en atención a la prevención y atención del cáncer infantil, en Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, (COECIA), se realizó la presentación de la iniciativa de ley propuesta por la diputada Frinné Azuara Yarzábal.

La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, indicó que recientemente propuso la iniciativa para la creación de la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de San Luis Potosí, que busca conjuntar los esfuerzos de las instituciones de salud pública y asociaciones civiles para una detección oportuna, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento del cáncer en este grupo social.

“Les pedí que hicieran su reunión del Consejo aquí en el Congreso para participar en esta iniciativa, porque hay un cuerpo colegiado, pero no hay una ley que dirija, que coordine y regule el actuar de las instituciones en favor de la niñez potosina con respecto a la prevención del cáncer; hemos tenido reuniones, pero no de manera completamente colegiada y por ello,estaremos abiertos a recibir sus opiniones y propuestas para la elaboración del dictamen”.

La legisladora indicó que la iniciativa busca la creación de una Red de Apoyo, y del Frente de Colaboración, con la finalidad de facilitar el acceso a los pacientes y sus familiares a la información relativa a la cobertura de servicios de atención médica y asistencial.

“Hablamos de una norma de una ley que regule la participación de cada una de las instancias para una coordinación y llegar a atender el objetivo, que es lograr la sobrevivencia de los niños, detectar, tratamiento, y seguimiento y que no pierdan su escolaridad para lograr  una sobrevivencia de un 60 a 70 por ciento de nuestros niños con cáncer”. 

En la reunión participaron la directora general de los Servicios de Salud Elizabeth Dávila Chávez, quien reiteró el compromiso por seguir impulsando acciones para la prevención y atención oportuna de cáncer en las infancias.

En su intervención, Yazmín Moreno, encargada del programa “Aulas Hospitalarias”, indicó que San Luis Potosí es el tercer estado en el país que cuenta con un programa de este tipo. Actualmente, brindan atención en las instalaciones de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) y en el Hospital Central, por lo cual solicitaron la posibilidad de apoyar en incremento a su presupuesto, y consolidar los convenios entre la SEGE y Salud para continuar su labor.

La titular de la asociación “Rescátame por Favor”, María de los Ángeles Hermosillo, indicó que se ha trabajado en campañas contra el acoso escolar para apoyar a niños con cáncer.

Finalmente, se acordó la revisión de la iniciativa de ley por parte de los asistentes representantes de las distintas instituciones de salud para hacerlas llegar a la brevedad a los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social, a fin de dictaminar la propuesta a la brevedad. 

A propuesta de la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, el Pleno del Congreso del Estado aprobó en Sesión Ordinaria la reforma al artículo 33 y adición a la fracción XIII Bis al artículo 6°, y el artículo 43 Bis de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, en materia de inclusión laboral de las mujeres.

En relación a la perspectiva de género, se establece la inclusión de una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.

Además, con la finalidad de impulsar el combate a la pobreza y la desigualdad social, los ayuntamientos podrán celebrar convenios de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado.

El fin es diseñar e implementar programas de capacitación con perspectiva de género, garantizando así la participación e integración de las mujeres en el mercado laboral a través de la enseñanza de oficios productivos asegurando una mejor calidad y expectativas de vida personal, familiar, social y laboral.

Se indica que, cuando una mujer accede al mercado laboral con capacitación adecuada, el beneficio se multiplica en su entorno familiar y comunitario, por lo cual con la reforma aprobada se asegura que las mujeres potosinas pasen de la supervivencia a la integración productiva, garantizando mejores expectativas de vida personal y social, en alineación con los objetivos de la Ley General de Desarrollo Social y la Política Nacional en la materia.

El Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) emitirá un exhorto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito para que resuelva a la brevedad, los temas que impiden a las autoridades electorales tener certeza legal para organizar los próximos comicios en el municipio de Villa de Pozos, para que las y los ciudadanos elijan a sus autoridades en 2027.

Así lo señaló el secretario de la JUCOPO, diputado Héctor Serrano Cortés al manifestar que éste retraso, está generando una crisis política y social, al dejar a las autoridades correspondientes en un estado de indefensión porque una vez más podría no permitirse que se lleve a cabo la elección, con todo lo que ello implica.

Explicó que la justificación del Tribunal es el turno, es decir, se trata de un tema de encarte pero ya se resolvió uno que era el más complejo y hay dos más que se promueven precisamente con ese fin, que se retrase todo el proceso para no dar continuidad, mientras en la instancia jurisdiccional no se puede desahogar por la carga de trabajo.

El diputado Héctor Serrano señaló que el tema ya fue abordado desde la delegación del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que no se puede avanzar en la cartografía precisamente por esa situación, por lo que todos los integrantes de la JUCOPO de manera unánime han decidido preparar el exhorto y el área jurídica buscará a los juzgadores para comunicarles la decisión.

“Deben saber que el tema está escalando a una preocupación política y social, todos queremos que se haga una elección, que los representantes municipales sean electos de forma democrática, pero hay organizaciones que pretenden frenar este proceso con acciones que lastiman la vida social de ese municipio”.

El diputado Héctor Serrano Cortés manifestó que el acuerdo de aprobar la reforma impulsada por el CEEPAC, fue tomado por todas las fuerzas políticas y solamente quedará fuera lo referente a la postulación de solo mujeres a la candidatura al gobierno del estado; todo lo demás será avalado en el dictamen.

Enseguida, se abordarán las propuestas de reforma electoral presentadas por diversos políticos, “el PRI, PAN, PVEM, PT, Nueva Alianza, ya lo hicieron, Movimiento Ciudadano se adhirió a algunas propuestas vigentes y MORENA presentará el próximo martes la suya; la reforma estará lista antes del 30 de junio, de eso no hay duda”.

Añadió que se llevarán a cabo foros de manera institucional donde se invitará a los expertos en temas electorales y a otros que, a juicio del propio Congreso, cumplan los requisitos y si hay necesidad, se abrirá el tiempo necesario para conversar y tener posibilidades de acuerdos de los que se informará oportunamente a la ciudadanía.

Por su parte, el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que es muy importante abrir el tema a la academia y a la ciudadanía, “además de la propuesta del CEEPAC surgirán otras que analizaremos y tenemos el tiempo suficiente para ello”.